Estrasburgo – La sexta edici\u00f3n del informe anual sobre el Estado de Derecho, que pasa revista a la situaci\u00f3n en cada pa\u00eds de la Uni\u00f3n Europea, critica que Espa\u00f1a no haya empezado a trabajar en una estrategia nacional anticorrupci\u00f3n y toma nota de que el Tribunal Constitucional haya avalado la ley de amnist\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
El informe se\u00f1ala avances en la renovaci\u00f3n del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y llama a seguir trabajando en el estatuto del fiscal general.<\/p>\n\n\n\n
En general, el informe de este a\u00f1o confirma una \u00abtrayectoria positiva\u00bb en muchos Estados miembros, ya que se han impulsado importantes reformas en las cuatro \u00e1reas clave que abarca: justicia, lucha contra la corrupci\u00f3n, libertad de prensa y controles y contrapesos institucionales, destac\u00f3 la Comisi\u00f3n Europea.<\/p>\n\n\n\n
Bruselas destac\u00f3 que los Estados miembros han cumplido total o parcialmente una parte sustancial de las recomendaciones de 2024.<\/p>\n\n\n\n
Estas son las claves del cap\u00edtulo sobre Espa\u00f1a:<\/p>\n\n\n\n
El informe cita un Eurobar\u00f3metro de este mes seg\u00fan el cual el 40 % de las empresas espa\u00f1olas encuestadas (25 % de las europeas) consideran que la corrupci\u00f3n \u00ables ha impedido ganar una licitaci\u00f3n p\u00fablica o un contrato p\u00fablico en los \u00faltimos tres a\u00f1os\u00bb, casi el doble del 21% que lo afirmaron el a\u00f1o pasado.<\/p>\n\n\n\n
Las principales quejas, dice el informe, son \u00ablas supuestas irregularidades en la adjudicaci\u00f3n de contratos\u00bb, seguidas de \u00absupuestas pr\u00e1cticas corruptas y reclamaciones relacionadas con la ejecuci\u00f3n del contrato\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
Bruselas critica en particular que Espa\u00f1a no haya empezado a trabajar en una estrategia nacional anticorrupci\u00f3n originalmente prevista para 2024, aunque reconoce que el pa\u00eds ha hecho algunos avances en la lucha contra la corrupci\u00f3n de alto nivel al reducir la duraci\u00f3n de estas investigaciones.<\/p>\n\n\n\n
Por otra parte, indica que \u00abla contrataci\u00f3n p\u00fablica, la financiaci\u00f3n de partidos pol\u00edticos, los proyectos de infraestructuras y los contratos de servicios p\u00fablicos son sectores clave de alto riesgo de corrupci\u00f3n\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
El informe llama a \u00abintensificar los esfuerzos para abordar los retos relacionados con la duraci\u00f3n de las investigaciones y los procesos judiciales, para aumentar la eficiencia en la gesti\u00f3n de los casos de corrupci\u00f3n de alto nivel, incluyendo la finalizaci\u00f3n de la reforma del C\u00f3digo de Procedimiento Penal\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
Otra recomendaci\u00f3n a Espa\u00f1a es \u00abimpulsar el proceso legislativo para reforzar las normas sobre conflictos de intereses y declaraciones patrimoniales de personas con altas funciones ejecutivas, incluyendo un mayor fortalecimiento de la independencia y la potestad sancionadora de la Oficina de Conflictos de Intereses\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
La Comisi\u00f3n Europea constata que el Tribunal Constitucional ha avalado la ley de amnist\u00eda y recuerda, al mismo tiempo, que el Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea (TJUE) tiene que pronunciarse sobre la norma tras unas vistas que se celebrar\u00e1n el pr\u00f3ximo martes en Luxemburgo.<\/p>\n\n\n\n
\u00abEl Tribunal Constitucional ha declarado que la ley de amnist\u00eda es compatible con la Constituci\u00f3n y se han sometido cuatro cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea\u00bb, destac\u00f3 el Ejecutivo comunitario en el informe anual sobre Estado de Derecho en la Uni\u00f3n Europea.<\/p>\n\n\n\n
Bruselas record\u00f3 que en el marco de esos procesos ante la justicia europea ha analizado la norma en base al derecho comunitario, en un informe en el que se\u00f1al\u00f3 que la ley \u00abparece constituir una autoamnist\u00eda\u00bb, si bien asegur\u00f3 que \u00abno parece existir un v\u00ednculo de conexi\u00f3n suficiente\u00bb entre el proc\u00e9s y los intereses financieros de la UE.<\/p>\n\n\n\n
En el documento sobre la situaci\u00f3n del Estado de Derecho en Espa\u00f1a, de 27 p\u00e1ginas, Bruselas dedic\u00f3 un p\u00e1rrafo a la ley de amnist\u00eda, en el que destac\u00f3 que la norma \u00abha sido objeto de gran controversia\u00bb, tal como apunt\u00f3 tambi\u00e9n la Comisi\u00f3n de Venecia, y que se ha aplicado ya a m\u00e1s de 300 personas.<\/p>\n\n\n\n
El informe recoge datos de un reciente Eurobar\u00f3metro que explica que el nivel de independencia judicial que se percibe en Espa\u00f1a sigue siendo \u00abbajo\u00bb entre la poblaci\u00f3n general y que ha aumentado a \u00abmedio\u00bb entre las empresas.<\/p>\n\n\n\n
El informe pone de relieve que ha habido avances en las recomendaciones hechas a Espa\u00f1a en el pasado sobre la renovaci\u00f3n del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el fiscal general, y anima a continuar con esos esfuerzos.<\/p>\n\n\n\n
Por un lado, sobre la figura del fiscal general recomienda a Espa\u00f1a seguir trabajando para reforzar esa figura \u00aben particular en lo que respecta a la separaci\u00f3n de su mandato del relativo al Gobierno, teniendo en cuenta las normas europeas sobre independencia y autonom\u00eda de la Fiscal\u00eda\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
Se hace eco adem\u00e1s de la situaci\u00f3n del fiscal general del Estado, \u00c1lvaro Garc\u00eda Ortiz, que \u00abse encuentra en proceso judicial\u00bb dado que un juez de instrucci\u00f3n del Tribunal Supremo \u00absolicit\u00f3 su procesamiento\u00bb despu\u00e9s de ser acusado de \u00abpresunta filtraci\u00f3n de informaci\u00f3n confidencial relacionada con un caso de fraude fiscal\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
El informe cita tambi\u00e9n las protestas de jueces y fiscales que \u00abreflejan las tensiones en torno a las reformas propuestas en el poder judicial\u00bb, seg\u00fan el Ejecutivo comunitario. (8 de julio) <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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