Have the article read by OpenAI (Beta). Please note that AI translations may take some time to process.Bruselas/Madrid – El 50% de los españoles tiene una «mala» o «muy mala» impresión de la independencia del sistema judicial de su país, porcentaje que sitúa a España en el sexto puesto por la cola en la clasificación de los 27 países de la Unión Europea.
El Eurobarómetro publicado el martes por la Comisión Europea revela que sólo los encuestados en Croacia, Bulgaria, Polonia, Eslovenia e Italia expresan una peor opinión media respecto de la independencia de la judicatura en su Estado.
Cuando se pregunta a los europeos por su percepción de la independencia de jueces y tribunales en el país de la UE en el que residen hay un 52% que asegura tener una opinión «buena» o muy buena. En el caso de España, sólo el 30% pone una «buena» nota a la independencia judicial y apenas un 7%, «muy buena”.
Dentro del grupo de los españoles que tienen mala opinión de la situación de la justicia, el 67% apunta a presiones o interferencias en el sistema por parte de políticos y del Gobierno, una cifra que supera la media europea (51%).
En la misma línea, un 51% de españoles y un 40% de europeos apunta presiones de poderes económicos y otros intereses, mientras que un 31% de españoles y un 25% de europeos cree que el estatus y posición de los jueces no garantiza suficientemente su independencia.
Según el Eurobarómetro, en España la percepción de las compañías de la independencia judicial es similar a la de la ciudadanía. Así, el 7% de las empresas encuestadas asegura tener una opinión «muy buena» y un 25% «buena» de la situación en España, frente a la media del 10% y 40% de europeos que expresan la misma opinión.
A juicio del Gobierno de España, el Eurobarómetro muestra que desde el Ejecutivo y la mayoría parlamentaria “cumplen los máximos estándares de respeto a la independencia judicial”, pero indica que “estos esfuerzos se ven empañados por el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)».
La renovación del CGPJ, máximo órgano de gobierno de los jueces españoles, lleva más de cinco años bloqueada, debido a que los dos partidos mayoritarios no consiguen ponerse de acuerdo. En esta última etapa, el liberal belga Didier Reynders asumió la tarea de mediar entre el PP y el PSOE, pero la mediación de Bruselas aún no ha dado resultados.
Por otra parte, el Gobierno remarca que en el plano institucional y legislativo España lidera las garantías anticorrupción en el Poder Judicial. «Nuestro país pertenece al grupo de 7 países que cumple con todas las medidas materiales contra la corrupción y al de los 12 países que obtiene la máxima puntuación en materia de transparencia, verificación y sanciones», aseguran fuentes del Ejecutivo.
Precisamente, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se ha comprometido este miércoles ante el Congreso de los Diputados a presentar un paquete de medidas para mejorar la «calidad democrática» del país «antes de que termine el verano», tal y como se comprometió en el mes de abril.
Tras denunciar una campaña de acoso y derribo contra él y su familia que le llevó a reflexionar sobre su continuidad en el cargo, Sánchez avanzó en abril la puesta en marcha de un paquete de medidas de regeneración. No precisó las propuestas concretas, pero apuntó a la necesidad de mayor transparencia sobre la propiedad de los medios de comunicación y a la renovación del CGPJ.
Este mismo miércoles Sánchez también ha dado un ultimátum al PP para avenirse a renovar este órgano antes de que acabe junio. En caso contrario, ha dicho, cambiará la facultad del órgano de gobierno de los jueces para hacer nombramientos en el Tribunal Supremo y en los Tribunales Superiores de Justicia.
El jefe del Ejecutivo considera que esta capacidad para seguir realizando nombramientos es un «incentivo perverso» que hace que el PP no quiera pactar la renovación de los vocales con el Gobierno, que lleva más de cinco años con el mandato caducado. (11 y 12 de junio)
La responsabilidad editorial de esta publicación es de Europa Press.