Have the article read by OpenAI (Beta). Please note that AI translations may take some time to process.Madrid – La decisión del Tribunal Supremo (TS) español de no amnistiar el delito de malversación de fondos públicos al expresidente independentista catalán Carles Puigdemont, que huyó a Bélgica en 2017, despeja el camino para activar la orden europea de detención y entrega (euroorden).
Y más aún cuando el líder soberanista pierde el blindaje de la inmunidad parlamentaria al dejar de ser eurodiputado, ya que no se presentó a las pasadas elecciones europeas de junio.
La decisión la tiene que tomar el magistrado Pablo Llarena, que instruyó la investigación del proceso independentista catalán ilegal de 2017 y procesó a los responsables.
Unos fueron juzgados y condenados en 2019 a penas de prisión e inhabilitación para ejercer cargo público por sedición y malversación, según el caso, y posteriormente indultados por el Gobierno español.
Otros, como Puigdemont y algunos de sus antiguos colaboradores en el gobierno regional de Cataluña, huyeron al extranjero para eludir la acción de los tribunales.
Ahora, la decisión del TS de no aplicarle la amnistía por malversación complica, ya no solo un hipotético retorno a España, al estar vigente la orden de detención nacional, sino su futuro en Europa, porque nada impide al juez Llarena dictar una nueva euroorden para su captura.
Según fuentes jurídicas consultadas por EFE, cuando Puigdemont recogió el acta de diputado del Parlamento regional de Cataluña, elegido en los comicios del 12 de mayo, perdió la condición de eurodiputado y la inmunidad parlamentaria.
Esto es así porque, según las fuentes, es incompatible ostentar ambos cargos y en este caso prevalece el último al que haya accedido.
Otras fuentes, sin embargo, discrepan y explican que el expresidente catalán perderá tal blindaje el próximo día 16, cuando se constituya la nueva eurocámara y deje de ser eurodiputado a todos los efectos.
La Justicia alemana accedió a entregarlo por malversación
De esta manera, su situación procesal en Europa vuelve al principio, cuando huyó de España el 29 de octubre de 2017 para refugiarse en Bélgica.
Por eso, las fuentes aseguran que el juez no tiene ningún obstáculo para dictar una euroorden, si bien precisan que no puede actuar de oficio, sino a instancias de una parte.
De hecho, el partido Vox, de extrema derecha, solicitará al Supremo que active una orden europea de detención y entrega (euroorden) contra el expresidente catalán Carles Puigdemont, según fuentes de esta fuerza política.
Es cierto que la Justicia belga no ha puesto las cosas fáciles hasta ahora para entregarlo a España, pero la Justicia alemana accedió en julio de 2018 a extraditarlo, aunque solo por malversación, y no por rebelión ni sedición, como pedía Llarena, que desistió de la entrega.
La advertencia de Le Pen
Desde entonces, las circunstancias han variado. En enero de 2023, el juez recibió un espaldarazo cuando el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) limitó las opciones de la Justicia belga para rechazar las euroórdenes emitidas por España contra los independentistas huidos.
Y el mismo mes, Llarena retiró la acusación de sedición, delito que había derogado el Parlamento español con una reforma penal, y que era el principal escollo para una extradición. No obstante, mantuvo la de malversación.
A ello se añade el contexto político de Francia, país frecuentado por Puigdemont, en concreto la parte suroriental de habla catalana.
Hay que esperar a ver el resultado de la segunda vuelta de las elecciones legislativas del domingo próximo porque la líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, considera «humillante» que Puigdemont haya hecho campaña para las elecciones regionales catalanas desde esa zona. Y asegura que si alcanza el poder esta situación acabará.
Una investidura en Cataluña puede precipitarlo todo
Hasta la fecha, el magistrado Llarena estaba a la espera de que el TJUE resolviera el recurso de Puigdemont contra el fallo del Tribunal General de la UE que, en julio de 2023, le retiró la inmunidad parlamentaria.
Pero ocurre que, mientras esperaba este desenlace, llegó la ley española de amnistía para los condenados, procesados e investigados judicialmente en relación con el intento ilegal de independencia de Cataluña, que ha suscitado un acalorado debate mediático, político y judicial en España.
Queda ver si Puigdemont precipita los acontecimientos si regresa a España, donde sigue en vigor la orden de detenerlo, para presentarse a una eventual investidura como presidente regional de Cataluña.
O que el juez espere a que tanto el propio Supremo como el Constitucional resuelvan los recursos que su abogado presente para que sea amnistiado. (3 de julio)
La responsabilidad editorial de esta publicación es de EFE.