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El Ministro de Asuntos Exteriores consideró hoy que el «fracaso» del juez Gonçalo Almeida Ribeiro para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es ilegal, ya que el criterio presentado no consta en el tratado de funcionamiento de la UE.
Quien define los requisitos para [el nombramiento] de los jueces son los tratados, no el comité» europeo de evaluación, subrayó Paulo Rangel, que está siendo escuchado en la comisión parlamentaria de Asuntos Europeos sobre el asunto.
«El tratado [de funcionamiento] no menciona, en ninguna parte, la obligación de que el candidato tenga 20 años de experiencia», afirmó el ministro, señalando que esa condición no se aplica a los magistrados que desempeñan funciones en altos tribunales, sino a jurisconsultos.
En el caso de Gonçalo Almeida Ribeiro, la necesidad de tener 20 años de experiencia no es obligatoria, ya que el juez es actualmente vicepresidente del Tribunal Constitucional, avanzó Paulo Rangel.
El ministro recordó también a los partidos presentes en la comisión parlamentaria que los candidatos presentados por el Gobierno fueron ratificados por la Asamblea de la República, por lo que «habiendo un rechazo, es la Asamblea la que también queda en cuestión y no solo el Gobierno».
Asegurando que defiende la existencia de un comité de evaluación, el ministro admitió haberse extrañado por el proceso utilizado, ya que, «en los casos en que el comité rechaza [a un candidato], normalmente avisa previamente al Estado, cosa que no hizo» con Portugal.
La razón por la cual este aviso no fue hecho, consideró, fue «no haber habido decisión de rechazo».
«Hubo una gran división [en el comité de evaluación] y acabó por no tomar decisión», dijo.
Anticipando que la situación «tendrá consecuencias», Paulo Rangel contó que en la discusión que hubo en el comité estuvieron representados los 27 Estados miembros y que «25 coincidieron con la posición de Portugal».
Los Estados «pensaron que, primero, el parecer no es vinculante y, segundo, que, habiéndose utilizado un criterio meramente formal [para la posición negativa], el Estado portugués debería haber sido alertado para saber si quería retirar su candidatura», refirió.
La situación, que el Ministro de Asuntos Exteriores calificó como «inadmisible», terminó con «los 26 Estados proponiendo que, para no crear un precedente, se respetara el parecer con la contrapartida de que el presidente del comité fuera llamado a la comisión intergubernamental para explicar y debatir la aplicación del criterio en el futuro».
Rangel recordó también que el presidente del Tribunal de Justicia de la UE ingresó en esa institución con 38 años, por lo que aún no tenía 20 años de experiencia, y que el comité de evaluación hizo «los mayores elogios al candidato» que ejerce, desde hace nueve años, el cargo de vicepresidente del Tribunal Constitucional.