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La Comisión Europea ha aumentado a 50 mil euros el límite máximo de las ayudas agrícolas que los Estados miembros pueden otorgar sin notificación previa a Bruselas y ha elevado el límite máximo nacional al 2% de la producción.

Bruselas propone además reforzar los derechos de los productores en la cadena alimentaria, proponiendo, concretamente, que los contratos escritos pasen a ser «una obligación general» entre agricultores y compradores y que se tengan en cuenta las fluctuaciones de costos.

Según un comunicado, se ha aumentado de 25 mil a 50 mil euros el límite máximo de ‘minimis’, por empresa a lo largo de tres años, «con el fin de reflejar varios factores, incluida la experiencia adquirida, así como la evolución del mercado y la inflación excepcional específica al sector en los últimos años, así como la inflación prevista hasta el término del período de vigencia del reglamento».

El ejecutivo comunitario actualizó además el límite máximo nacional del 1,5% al 2% de la producción agrícola nacional, calculado con base en la producción del Estado miembro, ampliando hasta 2023 el período de referencia, que era 2012-2017 y suprimió el límite máximo sectorial que impedía a los Estados Miembros conceder ayudas de ‘minimis’ superiores al 50% del límite máximo nacional al mismo sector de producto.

La Comisión también quiere reforzar las reglas aplicables a los contratos entre agricultores y compradores, haciendo que, por un lado, los contratos escritos sean una obligación general y, por otro lado, mejorando la forma en que los contratos a largo plazo tienen en cuenta la evolución del mercado y las fluctuaciones de los costos y las condiciones económicas, según un comunicado.

Los mecanismos de mediación entre proveedores y compradores deben pasar a ser obligatorios, con la propuesta de incluir también el fortalecimiento de las organizaciones de productores en la cadena alimentaria y un nuevo reglamento relativo a la aplicación transfronteriza de las reglas contra las prácticas comerciales desleales.

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