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Bruselas – Las organizaciones CAN Europe y Global Legal Action Network (GLAN) explicaron el martes que se basan en una reciente decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que «obliga a los Estados a adoptar objetivos coherentes con la limitación del calentamiento global a 1,5 °C», de conformidad con el Acuerdo de París firmado en 2015.
En abril, el TEDH había condenado a Suiza por su falta de acción frente al cambio climático, emitiendo una sentencia calificada como «histórica» por los defensores del medio ambiente, que se supone debe aplicarse a los 46 Estados miembros del Consejo de Europa.
El objetivo de los demandantes esta vez es la UE y sus 27 Estados miembros, que deben alcanzar una reducción del 55 % de sus emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 en comparación con 1990.
Pero la UE debe acelerar sus reducciones y alcanzar una disminución de «al menos el 65 % si quiere ser un actor creíble», estima Sven Harmeling, un responsable de CAN Europe, en un comunicado.
Hace un llamamiento en particular a acelerar el recurso a las energías renovables.
En concreto, en esta demanda, las dos ONG piden a la Comisión que revise a la baja los niveles de emisiones permitidos para cada uno de los 27 países miembros en varios sectores de actividad (construcción, agricultura, transporte, etc.).
Según las ONG, la acción judicial ante el Tribunal de la UE –establecido en Luxemburgo– podría dar lugar a un fallo «a principios de 2026», tras las alegaciones del próximo año.
Los 27 países de la UE debían inicialmente presentar al ejecutivo europeo en el verano de 2023 proyectos detallando sus acciones para alcanzar ese objetivo de una reducción del 55 % de las emisiones de aquí a 2030, antes de finalizarlos antes de finales de junio de 2024 teniendo en cuenta las recomendaciones de Bruselas.
La Comisión estimó en diciembre pasado que el conjunto de los 21 planes que había recibido y evaluado entonces solo permitiría alcanzar una reducción del 51 % de las emisiones a nivel europeo, con graves deficiencias observadas en la mayoría de los objetivos nacionales.
Las hojas de ruta de cada uno debían actualizarse para el 30 de junio de 2024, pero en esa fecha límite, Bruselas solo había recibido cuatro, de los Países Bajos, Dinamarca, Finlandia y Suecia (27.08.2024).