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Bruselas – El enviado especial de la Unión Europea para el proceso de paz en Colombia, Adrianus Koetsenruijter, afirma que «tiene sentido» que el Gobierno colombiano pida a Naciones Unidas más tiempo para implementar el acuerdo alcanzado en 2016, ya que es un proceso «duro» y de «largo plazo».

En una entrevista con EFE, Koetsenruijter rechazó como un fracaso que el presidente Gustavo Petro solicite este jueves al Consejo de Seguridad de la ONU que considere la posibilidad de ampliar la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016 con la antigua guerrilla de las FARC más allá de los 15 años pactados inicialmente, como avanzó el martes el canciller Luis Gilberto Murillo.

«No es nada para decir que es un fracaso. Creo que son procesos a largo plazo, son procesos de la sociedad. Que quieran tener más tiempo para poder implementar tiene sentido, pero al mismo tiempo hay que ver resultados también», manifiesta el nuevo enviado especial de la UE para el proceso de paz en Colombia, nombrado en abril pasado.

Por tanto, que Petro vaya a pedir a la ONU una extensión «de cinco a ocho años más» para la implementación del acuerdo de paz, como avanzó el canciller Murillo, «no es un problema» para Koetsenruijter.

«Para mí no es algo muy extraño. No es para mí una señal de fracaso. Es una señal de que efectivamente ese proceso es duro, que hay todavía, como todo el mundo sabe, mucha violencia en el país», pero mucho menos que hace 20 años, indica el funcionario de origen neerlandés el mismo día en que tanto la ONU como la Coordinadora Humanitaria compartieron cifras al respecto.

Colombia registró 605 eventos violentos en el primer semestre de 2024, una disminución del 3,8% con respecto al mismo periodo del año anterior, según la Coordinadora Humanitaria, que pide implementar acuerdos en el marco de las mesas de diálogo de paz con las disidencias de las FARC -el Estado Mayor Central (EMC), que no se acogió al acuerdo, y la Segunda Marquetalia, que sí lo firmó- y con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El alto funcionario, quien conoce bien el país latinoamericano, donde ya ejerció como embajador de la UE entre 2003 y 2007, apunta que aplicar el acuerdo «no es algo muy sencillo», ya que se trata de un paquete de quince puntos «con muchos detalles sobre diferentes objetivos», con resultados «bastante exitosos» en algunos, como ha sido el caso de la Comisión de la Verdad.

Ahora bien, añade, «es importante escuchar a los que critican la falta de avance en ciertas áreas», especialmente en las reformas que permitan cambiar los cultivos de drogas por otros lícitos también rentables para rebajar la violencia asociada a esas actividades y «dar más perspectivas a la gente en el país».

«La única manera de avanzar es buscar maneras de eliminar la actividad ilegal y acercar lo más posible a gente que busca la paz, una vida normal, y tenerles contigo», dice.

Consciente de que el control de algunos territorios por parte de grupos armados no estatales y organizaciones criminales sigue afectando a la población civil en distintas zonas del país y que la tentación de responder con la fuerza, como en El Salvador, está presente, Koetsenruijter considera que «merece la pena» seguir el marco del acuerdo de paz para «buscar soluciones a más largo plazo».

E insistió en que la UE está «totalmente» comprometida para apoyar al gobierno colombiano en la implementación del acuerdo de paz, pese a que «no siempre hemos visto un gran progreso», señala.

Y observa un cierto sentimiento de «frustración» en Petro, que le ha llevado a un «alto» nivel de cambios en los responsables políticos de este proceso, que «no ha sido siempre lo mejor para la estabilidad de la continuación de la política de implementación», opina.

No obstante, «esta política de paz total tiene un sentido porque estás buscando bajar la inseguridad del país», según Koetsenruijter, que considera «totalmente intolerable», en este sentido, el alto nivel de asesinatos existentes de líderes sociales en Colombia.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos pidió hoy a Colombia que mejore la protección de los líderes sociales y defensores de derechos humanos, después de verificar al menos 105 homicidios de estos activistas en 2023 y recibir denuncias de otros 98 asesinatos en la primera mitad de esta año.

«Tiene que haber tolerancia cero», afirma Koetsenruijter, para quien todavía queda «mucho» por hacer también para mejorar la inseguridad y condiciones de vida de los indígenas, los afrocolombianos, las mujeres y los niños. (10 de julio)

La responsabilidad editorial de esta publicación es de EFE.