go to the original language article
Bruxelles (ANSA) – Hungría está condenada a pagar una suma de 200 millones de euros y una penalidad de 1 millón de euros por cada día de retraso por no haber ejecutado una sentencia del Tribunal de Justicia de 2020 en la que se establecía que Budapest no había respetado las normas del derecho de la UE relativas a los procedimientos sobre el reconocimiento de la protección internacional y sobre el retorno de ciudadanos de terceros países con estancia irregular.
Desde entonces la sentencia ha quedado en papel mojado, con la única excepción de las zonas de tránsito que Hungría había establecido en la frontera con Serbia para evaluar las solicitudes de asilo y llevar a cabo devoluciones al país balcánico en violación del derecho europeo e internacional. La Comisión Europea ha decidido por lo tanto volver a recurrir para pedir que Budapest ponga en práctica las normas europeas sobre el asilo y que pague por no haberlo hecho hasta ahora.
Según los jueces, sustraerse deliberadamente a la aplicación de una política común de la UE, como lo ha hecho Hungría en este caso, constituye una «violación inédita y de excepcional gravedad del derecho de la UE», por eso ha condenado a Budapest a pagar una suma forfettaria de doscientos millones de euros y una multa récord de un millón de euros al día a partir del 13 de junio, día de la emisión de la nueva sentencia.
Para el Tribunal, el comportamiento de Hungría representa una «amenaza importante» a la unidad del derecho europeo, perjudicando gravemente tanto los intereses privados de los solicitantes de asilo como el interés público, porque tiene como consecuencia «la transferencia a otros Estados miembros de la responsabilidad de garantizar la acogida de los solicitantes de asilo, evaluar las solicitudes y proceder eventualmente a las devoluciones».
La sentencia también sirve como advertencia para el nuevo Pacto de la UE sobre la migración y el asilo que Budapest amenaza con no aplicar. Dura la reacción del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, quien ha tildado la sentencia de «inaceptable y ultrajante» añadiendo que «para los burócratas de Bruselas los migrantes ilegales son más importantes que sus ciudadanos europeos» (13 de junio).