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Los embajadores de los Estados miembros pudieron dar así su visto bueno a una normativa que fue bloqueada a finales de febrero después de que Alemania, Francia e Italia expresasen reticencias sobre el texto ya acordado con el Parlamento Europeo.
El gobierno belga, que ostenta este semestre la presidencia de turno de la UE, ha trabajado desde entonces para sacar adelante un acuerdo contrarreloj, puesto que la directiva podría haberse quedado bloqueada por la cercanía de las elecciones europeas.
Finalmente, el texto sobre la mesa este viernes fue aprobado por mayoría cualificada con el voto a favor de Italia y de Francia, mientras que una decena de países, entre ellos Alemania, Austria, Hungría o Suecia, se abstuvieron, según precisan a EFE diversas fuentes comunitarias. España, que ya apoyaba anteriormente la directiva, mantuvo su voto positivo.
La ley busca hacer responsables a las grandes empresas del impacto de sus actividades y las de su cadena de suministros en la sostenibilidad medioambiental y los derechos humanos, obligándoles a vigilar estos riesgos y a mitigarlos bajo pena de multas, algo que consideran fundamental tanto las organizaciones ecologistas como las de defensa de los derechos humanos y laborales.
Entre los principales cambios introducidos por los Veintisiete destaca un aumento de los umbrales que marcan qué empresas estarán cubiertas por las obligaciones de la directiva: serán aquellas con más de 1.000 empleados y más de 450 millones de facturación anual, frente a los 500 empleados y 150 millones de euros en ingresos que recogían borradores anteriores.
En consecuencia, el texto definitivo de la conocida oficialmente como directiva de debida diligencia en la sostenibilidad corporativa fue duramente criticado por varias ONG, que denuncian que sus exigencias han sido reducidas o diluidas «masivamente» a expensas del sector empresarial europeo.
«Tras sucumbir a la narrativa errónea de que contiene cargas desproporcionadas para las pymes y tras reducir drásticamente el número de empresas cubiertas, los gobiernos de la UE han eliminado dos tercios de la ley y, en consecuencia, el impacto real que podría haber tenido»
Uku Lilleväli, responsable de sostenibilidad corporativa de WWF.
«Ahora mismo hay empresas irresponsables que están quemando el futuro del planeta y aprovechándose de violaciones de derechos humanos. Aun así, los países de la UE retrasan la entrada en vigor de las normas para la mayoría de las compañías hasta finales de esta década»
Marc-Olivier Herman, responsable de Justicia Económica de Oxfam.
Esta organización calcula que el incremento de los umbrales solo obligará a cumplir con las obligaciones de la directiva a unas 5.500 empresas europeas, mientras que unas 17.000 habrían caído bajo el alcance de la norma con su redacción anterior.
La directiva, en todo caso, debe ser ahora aprobada por el Parlamento Europeo, primero por su comisión de Asuntos Jurídicos y después por el conjunto del pleno, para que pueda entrar en vigor.
La responsabilidad editorial de esta noticia corresponde a EFE.
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