Have the article read by OpenAI (Beta). Please note that AI translations may take some time to process.Bruselas/Madrid/Alicante – El comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, ha recordado que la primacía del Derecho comunitario garantiza que cualquier procedimiento nacional sobre el que se plantee una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) quedará automáticamente suspendido mientras se pronuncia la Justicia europea.
Esto, en la práctica, también afectará a los casos a los que se aplique la Ley de Amnistía española, impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez para beneficiar a los condenados y procesados en relación con el proceso independentista de Cataluña y que actualmente se está tramitando en el Senado.
Así lo ha explicado Reynders en una respuesta parlamentaria al jefe de la delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Adrián Vázquez, que en enero planteó una pregunta sobre el acuerdo alcanzado entre el PSOE y el partido nacionalista catalán Junts sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil haciendo una referencia a que las cuestiones prejudiciales planteadas al TJUE paralizan los casos a los que afectan.
Aunque ni en la pregunta parlamentaria ni en la respuesta del comisario se menciona expresamente la Ley de Amnistía, sobre la que Bruselas ha dicho que no se pronunciará hasta que se culmine su tramitación parlamentaria y adopte su forma definitiva, Ciudadanos celebra lo dicho por el comisario como garantía de que la norma «no entrará en vigor hasta que el TJUE no resuelva las prejudiciales».
En su respuesta escrita, Reynders expone que el propio Estatuto del TJUE establece que el hecho de que un tribunal nacional someta a Luxemburgo una cuestión prejudicial «suspende» la resolución del procedimiento nacional en cuestión.
Además, señala que también queda recogido en las recomendaciones del Alto Tribunal europeo a los órganos jurisdiccionales nacionales cuando dice que «la presentación de una petición de decisión prejudicial entraña la suspensión del procedimiento nacional hasta que el Tribunal de Justicia se pronuncie».
El comisario se refiere al principio de primacía del Derecho comunitario y apunta que de él se desprende la «exigencia de suspender» el procedimiento nacional hasta que el TJUE se haya pronunciado, «con independencia de lo que la legislación nacional establezca». «Por lo tanto, el órgano jurisdiccional nacional debe dejar inaplicada cualquier normativa nacional que no respete este principio», concluye.
El vicesecretario de Cultura y portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, aseguró este martes que no tiene «ninguna duda» de que el Derecho de la Unión Europea “paralizará la tramitación de la ley de amnistía” y «sus efectos» porque la legislación europea está «por encima de las normas particulares de los Estados, también de las leyes españolas».
En la misma línea, el candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat, Alejandro Fernández, dijo que su partido recibe “con prudencia”, pero con “gran satisfacción” el posicionamiento de Reynders porque “es la prueba fehaciente de que el Estado de Derecho funciona” y que “prevalecerá”. (2 de abril)
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