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Madrid – El feminismo europeo tiene algo que celebrar este 8M: el acuerdo para aprobar una ley comunitaria de violencia de género. Para las eurodiputadas españolas que la negociaron, se trata, sin embargo, de un logro agridulce, dadas las «escalofriantes» actitudes que impiden clasificar esa lacra como eurodelito o tipificar la violación basándose en el consentimiento.

La primera directiva europea sobre violencia de género, consensuada hace un mes por el Consejo y el Parlamento Europeo, está apenas pendiente del voto en el pleno de la Eurocámara -probablemente a finales de abril- y del visto bueno formal de los Estados miembros para hacerse realidad.

Sus promotoras confían en que pueda salir adelante antes de las elecciones europeas de junio; de lo contrario, la negociación tendría que comenzar de cero y habría que convencer a las fuerzas de extrema derecha que, a juzgar por los sondeos, tendrán más poder en la próxima legislatura.

«Tengo la absoluta convicción de que si no la hubiéramos sacado y si no la votáramos en abril (…), la composición del Parlamento Europeo para la siguiente legislatura hubiera hecho imposible tener la primera directiva en nuestros 70 años de lucha (contra la violencia machista)»

dijo la eurodiputada por Ciudadanos y del grupo Renew, Soraya Rodríguez.

La futura ley también armoniza tipos penales para crímenes como la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado y varios tipos de violencia de género en línea, como la publicación de material íntimo sin consentimiento de la víctima.

Las eurodiputadas sabían que se toparían con baches en la negociación de la directiva, que partió de una propuesta de la Comisión Europea; y eran conscientes, por ejemplo, de que la Hungría de Viktor Orbán tendría reticencias.

Pero no fue ese país el que hizo naufragar una iniciativa que, para el Parlamento Europeo, era fundamental: penalizar en todos los países la violación sobre la base de la falta de consentimiento, como sucede ya en España a raíz de la ley del ‘solo sí es sí’.

«Francia estaba en contra, (el presidente francés, Emmanuel) Macron. Y también estaba en contra el canciller alemán, (Olaf Scholz). Si estos países hubieran estado a favor, la directiva habría salido» con la tipificación penal de la violación incluida, explicó por su parte la eurodiputada del PP, Rosa Estaràs.

La responsabilidad editorial de esta publicación es de EFE.