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Los Estados miembros llevan años luchando con la cuestión de cómo hacer que los solicitantes de asilo rechazados y otras personas sin derecho a protección sean efectivamente forzados a abandonar el territorio. Actualmente, en la Unión Europea apenas se respetan el 20 por ciento de las decisiones de expulsión.
«Nuestra política de retorno falla en este momento», reconoció la vicepresidenta Henna Virkkunen. Ella atribuye el problema, entre otras cosas, a los diversos sistemas que los Estados miembros utilizan y que se prestan para el abuso. «Muchos se trasladan a otro Estado miembro y el actual mosaico de 27 sistemas nacionales también socava la efectividad de la política de retorno a nivel de la UE».
Por eso, la Comisión propone un «sistema europeo», con procedimientos comunes para la emisión de decisiones de retorno y la introducción de una orden de retorno europea. Los Estados miembros reconocerán estas órdenes entre sí, de modo que una orden emitida por un Estado miembro pueda ser ejecutada inmediatamente por otro Estado miembro.
La Comisión también prevé una regulación legal para los llamados centros de retorno en terceros países, que podrían ser establecidos sobre la base de un acuerdo bilateral o a nivel europeo. La Comisión no presenta propuestas concretas por sí misma, deja eso a los Estados miembros interesados. «Nosotros solo creamos el marco legal, no el contenido», aclaró el Comisionado Europeo de Migración Magnus Brunner.
Brunner y Virkkunen insisten en la distinción con el modelo Ruanda del Reino Unido o el acuerdo entre Italia y Albania. En los centros solo podrían acabar personas que hayan recibido una decisión de expulsión definitiva, y no personas cuyos procedimientos de asilo aún estén en curso. Tampoco se pueden enviar a estos centros familias con niños ni menores no acompañados. Dichos acuerdos solo podrían cerrarse con terceros países que respeten los derechos humanos.
En el contexto de la campaña electoral europea del año pasado, varios Estados miembros habían presionado fuertemente por esta opción. Según la ministra belga de Asilo y Migración Anneleen Van Bossuyt, «los centros pueden desempeñar un papel en una política migratoria que funcione mejor». «La Comisión Europea da un paso en la dirección correcta, pero la implementación práctica será determinante para su éxito. Esperamos la mayor concreción de las propuestas y las discutiremos en profundidad en la mesa del gobierno.»