La UE dio el martes luz verde definitiva a una revisión histórica de sus políticas de migración y asilo que endurecerá las fronteras y repartirá la responsabilidad entre los Estados miembros.
Los funcionarios de la UE se habían esforzado por concluir las reformas migratorias antes de las elecciones europeas previstas para junio. El tema ha sido políticamente divisivo, sobre todo desde la oleada de llegadas en 2015, que puso de manifiesto las deficiencias del sistema migratorio.
El nuevo corpus legislativo es fruto de años de encarnizados debates, que llegaron a su punto álgido en una tensa votación en el Parlamento Europeo en abril.
La reforma consta de diez actos legislativos, que fueron apoyados por la gran mayoría de los Estados miembros de la UE. Hungría y Polonia votaron en contra de todo el paquete y países como Austria y Eslovaquia se opusieron a partes concretas. La República Checa, también crítica con el pacto, se abstuvo en las diez votaciones.
Tras la confirmación de los países de la UE, el nuevo pacto se publicará en el Diario Oficial de la UE. Los Estados miembros dispondrán entonces de dos años para poner en práctica las normas aprobadas el martes. La Comisión Europea presentará en breve un plan común de implementación para ayudar a los Estados miembros en este proceso, según informó la presidencia belga de la UE.
Las nuevas leyes obligan a los 27 Estados miembros de la UE a asumir parte de la responsabilidad de gestionar las solicitudes de asilo -incluidos los que votaron en contra de las reformas- pero el paquete también endurece las normas para los solicitantes. Establece nuevos centros fronterizos que acogerán a los inmigrantes irregulares mientras se examinan sus solicitudes de asilo. Se acelerarán las expulsiones de quienes sean considerados inadmisibles.
«Estas nuevas normas harán más eficaz el sistema europeo de asilo y aumentarán la solidaridad entre los Estados miembros», declaró la ministra belga de Asilo y Migración, Nicole de Moor.
El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, calificó la legislación en la red social X de «un hito en la respuesta de la UE para gestionar la migración y reformar el sistema», mientras que el Canciller alemán, Olaf Scholz, lo calificó de «acuerdo histórico».
La adopción final hoy del Pacto sobre Migración y Asilo es un hito en la respuesta de la UE para gestionar la migración y reformar el sistema.
En contraposición, el primer ministro checo, Petr Fiala, declaró que aunque el pacto era un primer paso para atajar la migración ilegal, no era suficiente. Dijo que por eso la República Checa había cofundado un grupo de países que quieren abordar la migración ilegal con más firmeza.
Una opinión compartida por la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, que calificó de «insostenible» la situación actual de los flujos migratorios hacia Europa durante una conferencia sobre los retos de la migración celebrada el 6 de mayo en Copenhague.
El pacto está suscitando críticas de organizaciones benéficas de defensa de los derechos de los migrantes, algunos gobiernos nacionalistas e investigadores por diferentes motivos. Amnistía Internacional, por ejemplo, afirma que «conducirá a un mayor sufrimiento humano».
La investigadora sobre migraciones Judith Kohlenberger, de la Universidad de Economía y Empresa de Viena, declaró en una entrevista a la Agencia Austriaca de Prensa que la reforma deja totalmente de lado la lucha contra las causas de la huida. «Por un lado, estamos defendiéndonos de los refugiados, mientras que por otro estamos ayudando constantemente a crear las razones de la huida -véanse las consecuencias de la crisis climática o la política económica-. Europa contribuye a la huida y a la migración laboral», subrayó Kohlenberg.
Según ella, lo único positivo del pacto de asilo y migración de la UE, que se aplicará en los próximos dos años, es que los 27 Estados miembros han logrado por fin alcanzar un compromiso sobre política migratoria.
«Habría sido una declaración de bancarrota por parte de la Comisión de la UE si no hubiera habido avances en este sentido». Esto jugaría a favor de los partidos de derechas en las elecciones de la UE de junio.
Se espera que en las elecciones europeas los partidos de extrema derecha suban por hacer campaña sobre la necesidad de acabar con la inmigración irregular. Los Demócratas Suecos de extrema derecha -miembro del grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) en el Parlamento Europeo-, por ejemplo, eligieron «Mi Europa construye muros» como lema principal para las próximas elecciones europeas.
Petar Volgin, candidato al Parlamento Europeo por el partido ultraderechista búlgaro Vazrazhdane, declaró en una entrevista el martes que hay que eliminar la posibilidad de «inundar» el país con inmigrantes o, alternativamente, «pagar sumas exorbitantes para evitar que vengan en nombre de [la adhesión de Bulgaria al espacio Schengen para viajes aéreos y marítimos]». Sólo así Bulgaria podría restablecer su soberanía nacional y reforzar su economía.
Fabrice Leggeri, ex director ejecutivo de Frontex y tercero en la lista del partido ultraderechista francés Agrupación Nacional para las elecciones europeas, dijo que veía la votación de junio como «un referéndum». Frontex es la agencia de la UE responsable de las fronteras. Leggeri también rechazó la idea de que Frontex sea una «super ONG humanitaria» en una entrevista con la agencia de noticias portuguesa LUSA, abogando más bien por el «pragmatismo» en la gestión de la inmigración.
Eurostat: Aumentan las solicitudes de asilo en Europa
Las solicitudes de asilo en Europa van en aumento, según datos de Eurostat. En 2023, se registraron 1.048.900 solicitantes de asilo por primera vez, lo que supone un aumento del 20 por ciento en comparación con 2022 (873.700), casi alcanzando los máximos de 2015 y 2016.
El mayor número de solicitantes de asilo por primera vez en 2023 en comparación con la población de cada Estado miembro se registró en Chipre (13 solicitantes por cada 1.000 habitantes), seguido de Grecia y Austria (ambos con seis solicitantes por cada 1.000 habitantes).
Mecanismo de solidaridad: Acoger o pagar
El mecanismo pretende aliviar la carga de los países a los que llegan muchos refugiados, por ejemplo Italia, Grecia o España. El plan consiste en redistribuir al menos 30.000 refugiados de estos países a otros Estados de la UE cada año. Si los países no quieren acoger refugiados, deben prestar ayuda a las naciones sometidas a presión, por ejemplo en forma de pagos en efectivo.
En Eslovenia, por ejemplo, esto podría significar que el país probablemente tendría que acoger a 126 personas o contribuir con 2,8 millones de euros anuales.
Eslovaquia ha expresado su descontento con el nuevo mecanismo a través de su voto: El país votó en contra de dos propuestas del paquete de reformas de diez puntos -contra el pago de 20.000 euros por cada inmigrante no aceptado y contra el cumplimiento de ciertas obligaciones de asilo- y se abstuvo en ocho propuestas menos fundamentales.
«En concreto, no estuvimos de acuerdo en cosas como que si nos negamos a acoger inmigrantes, tengamos que pagar 20.000 euros. Desde el punto de vista de Eslovaquia, la situación sigue siendo buena. Con unos 30.000 migrantes a redistribuir, el impacto para Eslovaquia sería de unos seis millones de euros, pero con la migración masiva sería de decenas de millones», explicó tras la votación el ministro eslovaco de Finanzas, Ladislav Kamenický.
El mayor problema para Eslovaquia es que el nuevo pacto no menciona un límite financiero para tales pagos.
Aumentan los acuerdos con terceros países: 15 Estados de la UE exigen normas más estrictas
Paralelamente a las amplias reformas, la UE está intensificando sus acuerdos con países de tránsito y origen para frenar el número de llegadas.
En los últimos meses se han firmado acuerdos con Túnez, Mauritania y Egipto. Otros ejemplos de la tendencia a externalizar las políticas migratorias en Europa son el modelo británico de Ruanda o el acuerdo bilateral Italia-Albania. Consiste en enviar a Albania a los inmigrantes rescatados en aguas italianas mientras se tramitan sus solicitudes de asilo. En febrero, el Parlamento albanés aprobó un proyecto de ley sobre una cooperación más estrecha con Italia en materia de migración.
A través de una carta conjunta a la Comisión Europea, fechada el 15 de mayo, quince Estados de la UE han exigido un mayor endurecimiento de la política de asilo del bloque, facilitando el traslado de inmigrantes indocumentados a terceros países, incluso cuando son rescatados en el mar. La carta ponía como ejemplo el acuerdo al que llegó con Turquía en 2016 para acoger a refugiados sirios de la guerra en su país de origen.
La coalición de países fue creada por la República Checa junto con Dinamarca y Austria. La carta, firmada por 15 ministros del Interior, fue entregada en Bruselas el miércoles por la noche, según confirmó este jueves una portavoz de la Comisión Europea.
Según ella, el ejecutivo de la Unión se ocupará ahora de su contenido. Además, también se ocupará de la aplicación de las legislaciones incluidas en el paquete migratorio recientemente aprobado.
Entre los firmantes figuran Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Estonia, Grecia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Rumanía y Finlandia.
Según la Organización Internacional para las Migraciones, Italia y Grecia acogen a gran parte de las personas que emprenden el peligroso viaje a través del Mediterráneo para llegar a la UE, muchas de ellas huyendo de la pobreza, la guerra o la persecución.
Expertos: La externalización necesita aclaraciones
Las nuevas propuestas en materia de migración y asilo, como los pactos con terceros países, corresponderán al próximo ejecutivo de la UE, que tomará posesión tras las elecciones europeas.
Camille Le Coz, experta del Instituto de Política Migratoria Europea, afirma que hay «muchas dudas» sobre cómo podría funcionar este tipo de iniciativas.
Según la legislación de la UE, los inmigrantes sólo pueden ser enviados a un país fuera del bloque en el que podrían haber solicitado asilo, siempre que tengan un vínculo suficiente con ese país. Esto excluye, por ahora, programas como el del Reino Unido con Ruanda para enviar inmigrantes al país africano.
Le Coz señaló que todavía «hay que aclarar» cómo funcionarían las propuestas de cualquier acuerdo de externalización de la UE, así como «con quién trabajan las autoridades europeas y qué terceros países es probable que acepten».
Henrik Emilsson, investigador sobre migración de la Universidad de Malmö, también califica la idea de gestionar el proceso de asilo fuera de la UE de «eslogan político» más que de algo que pueda hacerse, al menos a corto plazo. Según él, los centros de asilo fuera de la UE podrían necesitar incluso un cambio de tratado.
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