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La Comisión Europea decidió el miércoles concluir el procedimiento del artículo 7 del Tratado de la UE contra Polonia. Según la Comisión, en Polonia ya no hay una violación evidente del estado de derecho.
«La Comisión considera que en Polonia ya no hay una violación clara del estado de derecho, por lo que ha retirado su propuesta fundamentada, que inició este procedimiento en 2017», anunció tras la reunión de los comisarios el portavoz de la CE, Eric Mamer. Se trata de la petición que la Comisión dirigió a los países miembros en el Consejo de la UE en reacción a los cambios en el poder judicial introducidos hace siete años por las autoridades polacas de entonces. Fue el Consejo de la UE el que llevó a cabo el procedimiento contra Polonia, y desde 2018 también contra Hungría.
«Hoy simplemente se han completado los trámites de algo que se había anunciado anteriormente, sobre todo la semana pasada», subrayó Mamer, en referencia a la reunión de los ministros de asuntos europeos del 21 de mayo.
La vicepresidenta de la CE, Viera Jourova, informó entonces sobre la nueva y positiva evaluación de la Comisión sobre el estado del estado de derecho en Polonia. En la reunión participaron los ministros polacos: de Asuntos Europeos, Adam Szłapka, y de Justicia, Adam Bodnar. El jefe del MS informó sobre la implementación de su plan de nueve puntos, que tiene como objetivo reformar el sistema judicial en Polonia. Se refiere, entre otras cosas, a los cambios en el Consejo Nacional del Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional, así como a la separación de los cargos de fiscal general y ministro de justicia. Este plan, presentado por Bodnar en Bruselas en febrero, se convirtió en la base para el cambio de evaluación de la CE sobre el estado del estado de derecho en Polonia.
Jourova admitió la semana pasada que el procedimiento contra Polonia está llegando a su fin, aunque «no todas las leyes han sido plenamente adoptadas». «Pero para mí es importante que podamos decir con plena responsabilidad que ya no vemos en Polonia importantes violaciones del estado de derecho, porque los jueces no son objeto de procedimientos disciplinarios injustos. Los jueces no están siendo adoctrinados sobre qué decisiones pueden tomar, ni están siendo perseguidos por sus sentencias», argumentó.
Bodnar recordó que el estado de derecho en Polonia seguirá siendo monitorizado en el marco de la revisión anual del estado del estado de derecho en los países miembros, que realiza la CE (el informe se publicará en julio). La cuestión del sistema judicial polaco sigue siendo objeto de procedimientos en el Tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo y en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo.
El único país que presentó objeciones al cierre del procedimiento contra Polonia fue Hungría. Tras la decisión del miércoles de la CE, Budapest seguirá siendo la única capital contra la que se llevará a cabo un procedimiento en virtud del artículo 7 del Tratado de la UE. Este procedimiento puede llevar a la suspensión de algunos derechos del estado miembro, como el derecho a voto en el Consejo, aunque tales sanciones requieren la unanimidad de todos los demás países miembros. Esta llamada opción nuclear no ha sido utilizada hasta ahora, y los procedimientos tanto contra Polonia como contra Hungría se centraron principalmente en organizar audiencias. Ambos gobiernos entonces ofrecían explicaciones sobre los cambios introducidos, que suscitaban dudas de la CE a la luz del derecho comunitario.
El procedimiento del artículo 7 no fue la única herramienta que utilizó la CE en su disputa con Polonia sobre el estado de derecho. El propio procedimiento resultó ser rápidamente ineficaz, y una de las razones fue la falta de unanimidad entre los demás países de la UE respecto al uso de la «opción nuclear» contra Polonia. Bruselas decidió entonces bloquear los fondos. La causa directa fue la sentencia del Tribunal Constitucional de julio de 2022, que declaró la incompatibilidad del derecho comunitario con la constitución polaca. La Comisión decidió entonces bloquear el desembolso de los fondos del Plan Nacional de Recuperación hasta el cumplimiento de tres condiciones relativas a la reforma del sistema judicial, conocidas como los «hitos». Junto con el PNR se congelaron los fondos para el desarrollo de las regiones en el marco de la política de cohesión. Se lograron desbloquear después de un año y medio en febrero de este año.
El cierre del procedimiento del artículo 7 es un final simbólico del conflicto sobre el estado del estado de derecho entre Polonia y la Comisión Europea. (30.05.2024)