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Polonia quiere retrasar la expansión del sistema de comercio de emisiones ETS para el transporte y la construcción por tres años, según informó una fuente de la UE. Sin embargo, el cambio no afectaría el lanzamiento del Fondo Social para el Clima, que durante el aplazamiento financiaría, entre otras cosas, el aislamiento de edificios.

A partir de 2027, entrará en vigor en la UE un nuevo sistema de comercio de emisiones ampliado, que incluirá, entre otras cosas, el transporte y la construcción.

Sin embargo, algunos países quieren retrasar esta expansión por temor a la imposición de tarifas adicionales por calefacción y combustible. El primer ministro checo Petr Fiala anunció que los checos buscarán posponer la inclusión del transporte y la construcción en el sistema ETS por un año.

Como dijo a un pequeño grupo de periodistas una fuente de la UE, Polonia fue más allá proponiendo retrasar la entrada en vigor del nuevo sistema por tres años, hasta 2030. Polonia quiere que, según el plan actual, ya en 2027 funcione el Fondo Social para el Clima, que debe financiar el apoyo a los ciudadanos y empresas que más sienten los efectos de la expansión del ETS a edificios y transporte.

El objetivo es que el Fondo se financie con la venta de permisos subastados. Durante el período de tres años del aplazamiento, Polonia propone financiar el Fondo con dinero de otras fuentes, obtenido, por ejemplo, de préstamos del Banco Europeo de Inversiones. Durante ese tiempo, los beneficiarios podrían destinar dinero adicional a inversiones en aislamiento de edificios y descarbonización del transporte.

«Se trata de dar tiempo para una mayor mitigación de la presión de precios», escucharon los periodistas en Bruselas.

La directiva sobre el sistema ETS prevé la posibilidad de retrasar un año la entrada en vigor del nuevo sistema, siempre que el precio promedio del gas en el primer semestre de 2026 sea más alto que en febrero y marzo de 2022 o si en ese período el precio promedio del petróleo es el doble que el precio promedio del petróleo de los cinco años anteriores. Sin embargo, eso significaría volver a los precios de la crisis tras la invasión rusa a Ucrania en 2022, lo que es poco probable.

Cualquier cambio, por lo tanto, requerirá la modificación de la directiva existente. «Tales modificaciones se pueden realizar, como se hizo recientemente con la deforestación, en un tiempo récord», sugirió el interlocutor. Se refiere a la regulación sobre deforestación, cuyas disposiciones deberían aplicarse desde el 1 de enero de 2025. Impone a los importadores y fabricantes de productos como madera, caucho, café o soja el deber de presentar pruebas de que no se obtienen de áreas deforestadas especialmente para su cultivo.

La Comisión Europea propuso el cambio en octubre de este año. Ya en noviembre fue votado tanto por el Parlamento Europeo como por los países miembros en el Consejo de la UE. Debido al cambio en el reglamento, sus disposiciones se aplicarán como muy pronto a principios de 2026 (más tiempo para adaptarse a los nuevos requisitos recibieron las micro y pequeñas empresas). (19.12.2024)

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