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La Comisión Europea aseguró que la crisis política en Portugal «no tiene ninguna implicación directa» en la ejecución del Plan de Recuperación y Resiliencia (PRR), ya que los compromisos son asumidos por el país y no por el actual Gobierno.
«Los compromisos en el marco del PRR son asumidos por los Estados miembros y no por gobiernos individuales. Por lo tanto, el proceso político no tiene ninguna implicación directa», indica una fuente oficial del ejecutivo comunitario en respuesta a la agencia Lusa.
A pocos meses del final de la ejecución del programa que debe implementarse hasta el final de 2026, la Comisión Europea garantiza a Lusa que «de hecho, el trabajo de revisión del PRR está en pleno apogeo».
Esto después de que, el pasado 1 de febrero, el Gobierno de Luís Montenegro presentara una nueva propuesta de revisión del PRR portugués, que Bruselas está ahora evaluando, y que debe ser votada por los ministros de Finanzas de la UE en su reunión regular de mayo.
En total, el PRR portugués tiene un valor de 22,2 mil millones de euros, con 16,3 mil millones de euros en subvenciones y 5,9 mil millones de euros en préstamos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que corresponden a 376 inversiones y 87 reformas.
Actualmente, el país ya ha recibido 8,49 mil millones de euros en subvenciones y 2,9 mil millones de euros en préstamos y la tasa de ejecución del plan es del 32%.
También cuestionada por Lusa sobre la ejecución de los programas de la política de Cohesión, la fuente oficial del ejecutivo comunitario habla de proyectos «adoptados y ejecutados en gestión compartida entre la Comisión y los Estados miembros, y no los gobiernos individuales».
Por esta razón, la institución adelanta que «continuará trabajando con un gobierno interino, tanto en la revisión intermedia como en la ejecución de los programas de la política de cohesión en términos más generales».
La Asamblea de la República rechazó el martes la moción de confianza presentada por el Gobierno, provocando su dimisión.
El Presidente de la República, ante este escenario, ya estimó que las fechas posibles para realizar elecciones anticipadas lo más pronto posible son el 11 o el 18 de mayo.
La actual crisis política comenzó en febrero con la publicación de una noticia sobre la empresa familiar de Luís Montenegro, Spinumviva, que en ese momento era propiedad de los hijos y la esposa, con quien está casado en régimen de bienes gananciales, y que la semana pasada pasó solo a los hijos de ambos, levantando dudas sobre el cumplimiento del régimen de incompatibilidades e impedimentos de los titulares de cargos públicos y políticos.
Siguieron semanas de noticias, incluido el periódico Expresso que informaba que la empresa Solverde pagaba una tarifa mensual de 4.500 euros a Spinumviva, dos mociones de censura al Gobierno, de Chega y PCP, ambas rechazadas, y el anuncio del PS de que presentaría una comisión de investigación.