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Bruselas/Liubliana – La Comisión Europea, en relación con el endurecimiento de las relaciones entre el gobierno y el regulador independiente Agencia de Energía respecto a la nueva metodología de cálculo de tarifas de red, anunció el martes que contactó a las autoridades eslovenas tanto a nivel político como técnico y ofreció el apoyo de sus servicios en asuntos relacionados con el cumplimiento de la legislación de la UE. El jueves también estuvo en Bruselas la secretaria de Estado del ministerio competente, Tina Seršen, quien después de reunirse con representantes de la comisión, afirmó que la destitución de los tres miembros restantes del consejo de la Agencia de Energía, que había sido anunciada por el gobierno, «ya no está sobre la mesa».
La introducción de la nueva metodología de tarifas de red en octubre de 2024 provocó un aumento significativo en los precios de la electricidad para algunos consumidores domésticos, especialmente aquellos que ya han adoptado tecnologías verdes. El gobierno solicitó al regulador independiente, la Agencia de Energía, que volviera al sistema anterior y pidió la dimisión de los miembros del consejo de la agencia. Dos lo hicieron, pero tres no, por lo que el gobierno anunció que enviaría al parlamento una propuesta para su destitución.
La agencia advirtió que el nuevo sistema está justificado profesionalmente y está en línea con las directrices a nivel europeo, al mismo tiempo presentó la posición de la Agencia para la Cooperación de los Reguladores de Energía (Acer), que lo respalda, y notificó a la Comisión Europea sobre las presiones políticas. Desde Bruselas, a principios de mes, expresaron en una carta su preocupación por los acontecimientos y advirtieron claramente sobre la independencia de los reguladores energéticos en la legislación europea. El gobierno negó las presiones y pospuso la decisión sobre la propuesta para destituir a los tres consejeros restantes que no renunciaron.
Sin embargo, la coalición de gobierno presentó esta semana en el procedimiento parlamentario una propuesta de ley según la cual los consumidores domésticos de electricidad pagarían una tarifa de red más baja en el periodo de mayor coste en enero y febrero. La Agencia de Energía la calificó como una interferencia en las competencias del regulador independiente y, además, la consideró profesionalmente injustificada y que privilegia selectivamente a ciertos grupos. (21 y 23 de enero)