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Sarajevo (Fena) – En el año que termina, se han dado varios pasos importantes hacia adelante, pero Bosnia y Herzegovina todavía se enfrenta a numerosos desafíos en su camino hacia la membresía en la Unión Europea. Las discrepancias políticas y el lento ritmo de las reformas continúan frenando la implementación de las medidas necesarias para alinear con los estándares europeos.
El año 2024 en Europa estuvo marcado por las elecciones al Parlamento Europeo, y el tema de la ampliación ocupó un lugar destacado en las campañas políticas. La guerra en Ucrania influyó significativamente en las posiciones de los países de Europa Occidental, acelerando la consideración de la membresía para Ucrania, pero también para otros estados, incluida Bosnia y Herzegovina.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que la ampliación de la Unión Europea será una prioridad básica de la institución que volverá a liderar en un nuevo mandato hasta el año 2029. Con esto, envió un fuerte mensaje de que el proceso de integración de nuevos miembros será uno de los objetivos clave de la futura política de la UE.
En la cumbre anual de los seis países de los Balcanes Occidentales y los líderes de la Unión Europea se enviaron mensajes positivos sobre la perspectiva de la ampliación, y en la retórica de los líderes europeos se mencionó el año 2030 como un posible marco para lograr ese objetivo, lo que deja espacio para más negociaciones y ajustes.
En marzo de 2024, el Consejo de la Unión Europea dio luz verde para la apertura condicional de negociaciones de adhesión con Bosnia y Herzegovina. Esa decisión marcó un avance positivo en el camino europeo, la continuación de un proceso iniciado en 2023 cuando Bosnia y Herzegovina obtuvo el estatus de candidato. Sin embargo, el progreso concreto depende de la implementación de las reformas pendientes.
A principios de año se adoptó la Ley de Prevención del Lavado de Dinero y Financiación de Actividades Terroristas, cumpliendo así otra condición para la apertura de las negociaciones con la Unión Europea y evitando la inclusión en la lista gris de Moneyval.
Recientemente, el Consejo de Ministros de Bosnia y Herzegovina adoptó leyes sobre control fronterizo y protección de datos personales, que fueron remitidas para su consideración a la Asamblea Parlamentaria de Bosnia y Herzegovina. Estas leyes, marcadas con el sello «EI» que confirma su alineación con el acervo comunitario de la Unión Europea, representan prioridades clave en el camino europeo de Bosnia y Herzegovina. Con su adopción, el Consejo de Ministros ha dado pasos significativos hacia la obtención de una fecha para la apertura de negociaciones sobre la adhesión de Bosnia y Herzegovina a la Unión Europea.
El proyecto de ley sobre control fronterizo, propuesto por el Ministerio de Seguridad de Bosnia y Herzegovina, alinea la gestión de fronteras con el acervo comunitario de la UE, cumpliendo objetivos estratégicos de la Estrategia de Gestión Integrada de Fronteras en Bosnia y Herzegovina. Al mismo tiempo, el proyecto de ley sobre protección de datos personales se alinea con el Reglamento de la UE de 2016, introduciendo estándares internacionalmente reconocidos para el tratamiento y libre circulación de datos.
Aunque significativos, estos avances son parciales ya que muchas otras leyes importantes siguen pendientes, como la Ley de Tribunales y el Consejo Superior de Justicia y Fiscalización (VSTV). Además de los desafíos legislativos, Bosnia y Herzegovina aún no ha nombrado a un negociador jefe con la UE ni a un coordinador para los fondos IPA, que son pasos clave para desbloquear la ayuda financiera y permitir el marco de negociación.
La falta de progreso en el camino europeo de Bosnia y Herzegovina trae serias consecuencias económicas. Bosnia y Herzegovina es el único país en los Balcanes Occidentales al que la Comisión Europea no ha aprobado un programa de reformas. La UE sigue dejando las puertas abiertas, pero la discordia política bloquea el acceso a un fondo valorado en seis mil millones de euros.
De los 113 requisitos establecidos por la UE, se han acordado 110, mientras que cuestiones clave como la reforma de la Corte Constitucional, el veto de las entidades y el número único para emergencias siguen sin resolverse. Aunque el número de emergencias fue finalmente acordado, no fue suficiente para la aprobación del primer tramo de 70 millones de euros.
Mientras tanto, la alineación del régimen de visados de Bosnia y Herzegovina con la Unión Europea se ha convertido en un requisito clave para obtener fondos, lo que ha complicado aún más la situación, ya que los conflictos políticos siguen siendo la principal causa de retraso en el cumplimiento de las obligaciones restantes.
Uno de los mayores problemas es el estatus del Tribunal Constitucional y los jueces extranjeros. La Unión Europea exige a la República Srpska que nombre a dos jueces nacionales para julio del próximo año y que abra un proceso para fines de 2025 para decidir sobre el estatus de los tres jueces extranjeros. Sin embargo, el primer ministro de la RS, Radovan Višković, calificó esta propuesta como inaceptable.
Al mismo tiempo, la República Srpska ha dado un paso positivo al eliminar el veto de las entidades en el Consejo de Asistencia Estatal y el Consejo de Competencia de Bosnia y Herzegovina.
Por otro lado, la Federación de Bosnia y Herzegovina se enfrenta a problemas a nivel cantonal. Los intentos de acordar una Agenda de Reformas, un documento clave para acceder a los fondos del Plan de Crecimiento para los Balcanes Occidentales, han fallado porque los primeros ministros cantonales del SDA se oponen a relajar los criterios para el uso de estos fondos.
A pesar de que se han logrado avances importantes hacia la integración europea durante el año 2024, Bosnia y Herzegovina enfrenta serios desafíos. La clave del éxito reside en la estabilidad política y la disposición de los líderes locales para implementar las reformas necesarias. La Unión Europea sigue dispuesta a ofrecer apoyo, pero el futuro del camino europeo de Bosnia y Herzegovina depende principalmente de la disposición interna del país para realizar cambios. (1.1.)
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