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Bratislava – La Fiscalía Europea (EPPO) en Bratislava presentó una acusación ante el Tribunal Penal Especializado (ŠTS) contra una persona física y una empresa en relación con un proceso penal por el delito de daño a los intereses financieros de la Unión Europea (UE) y falsificación de documentos relacionados con la obtención de subsidios para la producción de cerveza. El fiscal delegado europeo Martin Pacalaj de la Oficina de la EPPO lo anunció el viernes, informa TASR.
Pacalaj precisó que la persona física acusada, que era director de la empresa acusada, solicitó en abril de 2021 una subvención no reembolsable por un importe de 192.338 euros, financiada en su totalidad por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para la producción de cerveza.
De las conclusiones de la investigación se desprendió que el acusado presentó al Ministerio de Economía (MH) de la República Eslovaca, en el marco del proceso de aprobación de la solicitud de la subvención no reembolsable, una declaración falsificada el 26 de agosto de 2021. Esta, en contra de los hechos, confirmaba que la línea de producción de cerveza no estaba sujeta a evaluación de impacto ambiental (EIA), un proceso que podría haber retrasado significativamente la aprobación o conducir a su rechazo.
El fiscal agregó que la declaración falsificada fue elaborada por otra persona responsable penalmente que actuaba por otra empresa comercial, y ambos ya habían sido condenados en un procedimiento separado. Al presentar el documento falso, el acusado eludió las condiciones de la convocatoria y trató fraudulentamente de obtener la aprobación de la solicitud para la subvención no reembolsable, alterando así la integridad del proceso de aprobación de financiación y sin respetar las garantías ambientales básicas.
Pacalaj señaló que, según el Código Penal de la República Eslovaca, la persona física acusada podría enfrentar una pena de prisión de hasta seis años si se la declara culpable de dañar los intereses financieros de la UE y falsificar un documento público. Además, podría imponerse una multa de hasta tres millones de euros. De manera similar, a la empresa acusada se le podría imponer una multa de hasta 1,6 millones de euros y prohibírsele recibir asistencia y apoyo de los fondos de la UE por un período de hasta diez años.
Pacalaj recordó que todas las personas acusadas se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en los tribunales eslovacos competentes.
La EPPO es una fiscalía independiente de la UE con sede en Luxemburgo. Es responsable de investigar y enjuiciar a los autores de delitos contra los intereses financieros de la UE y presentar acusaciones contra ellos. (22 de noviembre)
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