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Bruselas – Los estados miembros de la Unión Europea dieron luz verde formal el pasado viernes a una nueva ley de deber de diligencia, que hace responsables a las grandes empresas de abordar la explotación y el daño ambiental en toda su cadena de suministro. La ley ha tenido un recorrido difícil, y la aprobación el viernes fue un verdadero suspense.
A fines de 2023, los negociadores de los estados miembros y del Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo político sobre la ley, pero luego no fue aprobado en el Consejo, donde están representados los 27 estados miembros. Bajo la presidencia belga, se volvió a trabajar en el texto y se ajustó el umbral que determina a qué empresas se aplica la ley de deber de diligencia.
Esa nueva versión ahora ha sido aprobada formalmente. De los 27 países de la UE, 17 votaron a favor el viernes y diez optaron por abstenerse. Así se han alcanzado por poco las condiciones mínimas para la aprobación: el procedimiento aplicado requiere el visto bueno de al menos 15 estados miembros, que juntos representan al menos el 65 por ciento de la población de la UE. Los 17 estados miembros que dieron su aprobación representan el 68 por ciento de los ciudadanos europeos.
El viceprimer ministro belga y ministro de Trabajo Pierre-Yves Dermagne dijo en una reacción que las grandes empresas ahora tendrán que asumir su responsabilidad en la transición hacia una economía más verde y socialmente más justa.