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Portugal fue, en 2023, el Estado miembro de la Unión Europea (UE) con el mayor porcentaje de pobreza energética, del 20,8%, y al mismo nivel que España, anunció hoy la Comisión Europea, pidiendo más protección para los consumidores vulnerables.
Los datos figuran en el informe sobre el estado de la Unión de la Energía, publicado hoy por el ejecutivo comunitario en Bruselas, en el cual se menciona que los porcentajes más elevados de personas incapaces de mantener su hogar adecuadamente caliente se registraron el año pasado en Portugal y España, ambos con un 20,8%, seguidos por Bulgaria (20,7%) y Lituania (20,0%).
En cambio, Luxemburgo (2,1%), Finlandia (2,6%), Eslovenia (3,6%) y Austria (3,9%) registraron los porcentajes más bajos en lo que respecta a pobreza energética, señala la institución, apuntando que, en el conjunto de los 27 Estados miembros, una media del 10,6% de la población de la UE no es capaz de mantener su casa adecuadamente caliente.
En comparación con 2022, este porcentaje aumentó 1,3 puntos porcentuales, en un contexto de crisis energética e inflación.
Resaltando que la situación de pobreza energética varía “entre los países de la UE que promueven medidas para proteger a las familias”, la Comisión Europea destaca que los Estados miembros “pueden actuar para garantizar el acceso a servicios esenciales y proteger a los consumidores vulnerables de costes excesivos, combatiendo directamente la pobreza energética”.
Además, adelanta el ejecutivo comunitario, “la nueva legislación del mercado energético protegerá mejor a los hogares vulnerables y a los afectados por la pobreza energética contra el corte de suministro”.
“En caso de crisis de precios del gas natural, las medidas de emergencia a nivel de la UE pueden ayudar a proteger a los consumidores mediante intervenciones en los límites máximos de los precios minoristas”, añade.
Una de las iniciativas aplicadas en el marco de la nueva legislación para el mercado energético fue la creación, a partir de este año, de un Fondo Social para el Clima, que debe movilizar al menos 86,7 mil millones de euros de ingresos del Régimen Comunitario de Licencias de Emisión de la Unión Europea para el periodo 2026-2032, incluyendo una cofinanciación del 25% de los países para contribuir a una transición socialmente justa hacia la neutralidad climática.
Está previsto que el fondo financie medidas e inversiones que los Estados miembros adopten en sus planes sociales para el clima hasta junio de 2025, para ayudar así a compensar el aumento esperado de las facturas de energía debido a la introducción del precio del carbono para la calefacción y los transportes.
Según el informe sobre el estado de la Unión de la Energía, en el primer semestre de 2024, la mitad de la producción de electricidad en el espacio comunitario provenía de fuentes renovables.
En cuanto al gas, cuando la UE intenta ser independiente del suministro de Rusia debido a la invasión rusa de Ucrania, la cuota del gas ruso en las importaciones de la UE disminuyó del 45% en 2021 al 18% en junio de 2024.
El espacio comunitario también estipuló objetivos para la reducción de la demanda de gas, que permitieron reducir en 138 mil millones de metros cúbicos este consumo entre agosto de 2022 y mayo de 2024.
La UE alcanzó, el pasado 19 de agosto, su objetivo de almacenamiento de gas de invierno del 90%, mucho antes del plazo previsto del 1 de noviembre.