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Bruxelas (ANSA) – «Ninguna marcha atrás de la Comisión de la UE sobre el cese de los motores diésel y de gasolina a partir de 2035». La vicepresidenta de la Comisión de la UE con delegación para la Transición Limpia, Teresa Ribera, cerró de manera rotunda a un posible retroceso de Bruselas, respondiendo indirectamente también a Giorgia Meloni, según la cual las normas comunitarias sobre la automoción corren el riesgo de «poner de rodillas» al sector.
La hipótesis de una marcha atrás «no es algo que estemos considerando y diría que no es algo que prácticamente nadie esté considerando», subrayó Ribera hablando durante la visita a la sede de ArcelorMittal en Gent. La posición final de la Comisión podría ser menos tajante.
Se considera viable un primer compromiso: el de congelar para 2025 las sanciones que comenzarán el próximo año para quienes no se ajusten a los primeros objetivos de reducción del 15% de las emisiones para los nuevos vehículos. Evitar las multas sustanciales a los fabricantes de automóviles -que podrían alcanzar hasta 15 mil millones de euros- es una de las peticiones que ha llegado a Bruselas desde Italia y la República Checa, formalizado en un documento informal (‘non paper’) apoyado también por Austria, Bulgaria, Rumania, Eslovaquia y Polonia.
En el documento, los 7 países de la UE piden, antes que nada, anticipar al inicio de 2025 la revisión prevista por el reglamento para intervenir con urgencia y crear las condiciones adecuadas para alcanzar el objetivo final de 2035. Un punto, en este, sobre el cual Roma está dispuesta a luchar hasta el final, apoyada también por los Populares, que justamente el miércoles votarán en la asamblea un documento bastante alineado con el italiano.
«Trabajaremos para asegurarnos de que la transición ecológica vuelva a caminar de la mano con la sostenibilidad económica y social», aseguró Meloni (3 de diciembre).
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