A pesar de la entrada en vigor de la Ley Europea de Libertad de Medios (EMFA) y la adopción de la Directiva Anti-SLAPP de la UE, las lagunas de aplicación y las lagunas legales siguen dejando vulnerables a los periodistas, especialmente a los autónomos y a los que trabajan en entornos de alto riesgo, dice Maja Sever, presidenta de la FEP.
«Aconocemos con satisfacción la entrada en vigor de la Ley Europea de Libertad de Medios (EMFA), pero la experiencia de nuestros afiliados en toda Europa muestra que su implementación en la vida real enfrenta serios obstáculos. Nuestro monitoreo revela lagunas persistentes: reguladores sin independencia y recursos genuinos e influencia política continua sobre los medios de comunicación de servicio público», dijo Sever a la Redacción Europea de Noticias (enr). Hizo hincapié en que la FEP había hecho estas consideraciones en una reunión reciente con el Comisionado de la UE para la Democracia, la Justicia y el Estado de Derecho, Michael McGrath.
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La EMFA, que entró en vigor en agosto de 2025, fue aclamado como un reglamento histórico para proteger el pluralismo de los medios de comunicación, la independencia editorial y la transparencia en toda la UE. Sin embargo, la implementación en el mundo real está vacilando, se quejan las organizaciones de defensa de periodistas como Reporteros sin Fronteras. Algunos estados miembros han retrasado o se han resistido a alinear las leyes nacionales con los requisitos de la EMFA, en particular en lo que respecta a la independencia de los medios de comunicación de servicio público y la protección de las fuentes periodísticas.
En algunos casos, los Estados modifican la legislación nacional para reforzar el control político sobre los medios de comunicación. Hungría, por ejemplo, ha impugnado la base jurídica de la EMFE ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Sever dijo, en su opinión, que los principales desafíos a nivel nacional eran la falta de voluntad política, la débil capacidad reguladora, un mecanismo de sanciones poco claro, así como las amenazas digitales y la vigilancia.
«Creemos que la Comisión Europea debe definir las consecuencias claras para los Estados miembros que no implementen plena y genuinamente la EMFA, incluidas las sanciones financieras y procesales, y debería establecer un plan operativo con plazos, indicadores medibles y una escala de medidas de escalada».

Las llamadas demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP) se utilizan cada vez más para intimidar y silenciar a periodistas, defensores de los derechos humanos y perros de control público en toda Europa.
Los casos notables de SLAPP en los últimos años incluyen la demanda por difamación de Gaz System contra periodistas polacos, el caso de alto perfil Realtid en Suecia y el acoso a periodistas en Malta tras el asesinato de Daphne Caruana Galizia.
La FEP y la Confederación Europea de Sindicatos (CES) piden que se extiendan las protecciones anti-SLAPP a todos los casos, no solo a los transfronterizos, el establecimiento de sistemas efectivos de despido anticipado, sanciones más duras para los demandantes abusivos y fondos de apoyo legal y financiero dedicados a los periodistas, especialmente a los autónomos. «Si bien aconocemos con satisfacción la adopción de la Directiva Anti-SLAPP de la UE, creemos que los mecanismos existentes siguen siendo insuficientes. Actualmente, la protección se aplica principalmente a los casos transfronterizos, mientras que la mayoría de las demandas abusivas son puramente nacionales y permanecen fuera del alcance de la Directiva».
Sever agregó que era importante capacitar a jueces y abogados para reconocer a SLAPP y salvaguardar el periodismo como interés público. Sin un marco legislativo más fuerte y mecanismos de apoyo práctico, los periodistas permanecen expuestos, advirtió el croata. «Por lo tanto, instamos a la UE y a los Estados miembros a hacer de la política anti-SLAPP una prioridad y a garantizar que el acoso legal destinado a silenciar el periodismo de investigación se detenga de una vez por todas».
Se necesita más apoyo para los periodistas en los entornos volátiles de hoy.
«Nuestra experiencia muestra claramente que los autónomos y periodistas que trabajan en entornos de alto riesgo son los más vulnerables», dijo Sever. Si bien algunos medios de comunicación y sindicatos están bien equipados para proporcionar apoyo, siguen existiendo lagunas significativas; por ejemplo, en los informes transfronterizos y en los periodistas que trabajan en zonas de conflicto, que van más allá de la capacidad de los sindicatos nacionales.
«Como FEP y CES, enfatizamos que el periodismo de calidad no puede sobrevivir sin condiciones de trabajo decentes, capacitación continua y apoyo sistémico a la seguridad. Por lo tanto, llamamos a mecanismos de financiación a largo plazo para la seguridad y la resiliencia de los medios de comunicación, programas nacionales de seguridad que incluyan a las partes interesadas de los medios de comunicación, así como mecanismos para la seguridad digital y la asistencia psicológica».
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