Have the article read by OpenAI (Beta). Please note that AI translations may take some time to process.Bruselas – El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España, Luis Planas, ha pedido este lunes a la Comisión Europea que retire su propuesta para reducir las cuotas de anchoa en aguas atlánticas ibéricas para 2024 y 2025, una medida que puede afectar a la pesca en el golfo de Cádiz y que el Gobierno español considera «drástica e injustificada» en un momento político «de transición» en Bruselas.
A petición de la delegación española, los ministros de Pesca de la UE han debatido en su reunión de este lunes este planteamiento del Ejecutivo comunitario para actualizar las posibilidades de pesca para 2024 y 2025 para determinadas poblaciones de peces, con el fin de tener en cuenta los últimos dictámenes científicos poniendo el foco en el elemento central de la propuesta: el límite de capturas de anchoa en aguas ibéricas atlánticas.
En concreto, la Comisión propone establecer una condición especial en virtud de la cual las capturas en la parte de la zona del TAC situada al sur de la línea que discurre en aguas atlánticas del suroeste de la Península Ibérica «no podrán superar las 969 toneladas», en base al dictamen del Consejo Internacional de Exploración del Mar (CIEM o ICES, por sus siglas en inglés) para la población que habita en esa zona. Además, se propone que ese TAC y esa condición especial se apliquen con carácter retroactivo a partir del 1 de julio de 2024.
«No he visto una propuesta tan carente de sentido político como la que tenemos ante nosotros», ha denunciado el ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación durante el debate con sus homólogos en el Consejo de Pesca.
Planas ha criticado que el Ejecutivo comunitario haya planteado una reducción de las cuotas de anchoa en aguas atlánticas ibéricas del 54% sin tener en cuenta las consecuencias socioeconómicas de esta medida, por lo que ha pedido que se revise una propuesta que España no puede aceptar en las presentes condiciones o, de lo contrario, que la retire.
Asimismo, ha reprobado el momento político transitorio en el que llega esta drástica reducción: «No sé quién pilota esta propuesta políticamente, ¿la Comisión Von der Leyen I o Von der Leyen II?».
Las delegaciones de Bélgica, Chipre, Croacia, Dinamarca, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Malta Países Bajos y Portugal han respaldado la preocupación y las peticiones de España y han pedido a la Comisión que tenga en cuenta las consecuencias socioeconómicas de este tipo de decisiones, ya que puede sentar un «peligroso precedente».
La delegación portuguesa, cuyo litoral se ve también afectado por la propuesta de Bruselas, ha instado a «evitar medidas tan restrictivas» y ha expresado su «apoyo incondicional» a Planas ante la «ausencia de dictámenes científicos válidos», por lo que defienden una decisión final tras la reunión científica con el ICES prevista para finales de septiembre.
El resto de los países que ha respaldado a España en sus peticiones ha insistido en recordar a la Comisión que debe respetar los tres pilares de la Política Pesquera Común: el impacto medioambiental, económico y social a la hora de imponer este tipo de medidas.
Uno de los más claros al respecto ha sido el secretario de Estado de Pesca de Países Bajos, Jean Rummenie, quien ha dicho comprender bien la «preocupación» y la «perplejidad» de España, ya que considera que «la interrupción de las pesquerías debe ser el último recurso», al tiempo que ha instado a la Comisión a «ser capaz de rectificar».
Por su lado, el comisario de Agricultura de la Comisión, Janusz Wojciechowski, en sustitución de su colega responsable en materia de Pesca, Virginijus Sinkevicius, ha defendido la posición de la Comisión y ha pedido al Consejo «no tener un rasero distinto» en función de los mares afectados por estas restricciones, mientras que la presidencia húngara del Consejo ha llamado a tratar de encontrar una «solución responsable». (23 de septiembre)
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