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Los miembros del Parlamento Europeo se pronunciaron en contra de las flexibilizaciones de una ley que obliga a las empresas a supervisar más de cerca las irregularidades en sus cadenas de suministro y una ley que les obliga a informar sobre su impacto en el medio ambiente y el clima, con 319 votos en contra y 309 a favor (34 abstenciones). Se trata de la primera de una serie de propuestas que la Comisión Europea ha presentado desde principios de este año para aliviar la carga administrativa sobre las empresas.
El ponente Jorgen Warborn del Partido Popular Europeo (PPE) había presentado un compromiso con los socialdemócratas del S&D y el liberal Renew hace dos semanas, pero este no logró mantenerse durante una votación secreta en la sesión plenaria. La extrema derecha y la extrema izquierda votaron en contra por diversas razones, pero también hubo resistencia entre los socialdemócratas, como en la delegación belga. «Esto es desregulación a expensas de los más débiles y menos protegidos en nuestra sociedad», respondieron Kathleen Van Brempt y Bruno Tobback (Vooruit).
También Kris van Dijck (N-VA), que forma parte del grupo ECR conservador y nacionalista, votó a favor del rechazo del texto, pero porque considera que las obligaciones para las empresas son aún demasiado extensas. «Nuestras empresas están sufriendo gravemente por la sobre-regulación europea, y es urgente y drástico cambiar de rumbo.»
En los bancos del PPE, Wouter Beke (CD&V) lamentó el resultado. «Los extremos, lamentablemente, se encuentran en la inacción: uno porque va demasiado lejos, el otro porque no va lo suficientemente lejos. Mientras tanto, los ciudadanos y las empresas esperan la tan necesaria simplificación de esta compleja y extensa legislación europea», concluyó.
El rechazo tiene como consecuencia que los miembros del Parlamento deberán votar el próximo mes sobre un texto modificado. El aplazamiento genera irritación entre los Estados miembros. Llevan meses listos para negociar y han hecho de la simplificación de la legislación europea una prioridad. Entre otros, el canciller alemán Friedrich Merz ya se ha quejado.