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Madrid – España ha comprometido con la Unión Europea un plan de ajuste fiscal estructural a medio plazo, que pasa por fijar el crecimiento del gasto primario neto promedio en el 3% en un horizonte a siete años, en cumplimiento con las nuevas reglas fiscales de la UE.

«Este gasto es del que tenemos una referencia hacia adelante y el que vamos a tener, de manera transparente, que ir cumpliendo año a año para estar en línea con las reglas fiscales», ha explicado el ministro de Economía, Comercio y Empresa del Gobierno de España, Carlos Cuerpo, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Aunque, por defecto, los planes de ajuste se elaboran a cuatro años, los Estados miembro de la UE pueden solicitar una extensión del período de ajuste fiscal de cuatro años a un máximo de siete años, si llevan a cabo ciertas reformas e inversiones que mejoren la resiliencia y el potencial de crecimiento y apoyen la sostenibilidad fiscal y aborden las prioridades comunes.

El Gobierno español se ha decantado por extender el horizonte de ajuste a siete años, con un plan a medio plazo que viene acompañado de un programa de reformas e inversiones, que incluye medidas fiscales, de transición ecológica, de transformación digital y de capital físico y humano.

El ministro español ha especificado, no obstante, que no se debe confundir el periodo de ajuste, que son siete años durante los que hay que hacer ese esfuerzo en cuanto al gasto, con el plazo del plan, que hace referencia solo a los cuatro primeros años. 

Durante el periodo estricto del plan –del 2025 al 2028–, el Gobierno prevé un crecimiento promedio del 3,4%, mientras que el promedio para el periodo 2025-2031 es del 3%. En concreto, el Gobierno estima que el crecimiento del gasto primario se situará en el 3,7% en 2025; en el 3,5% en 2026; en el 3,2% en 2027; en el 3% en 2028 y 2029; en el 2,5% en 2030 y en el 2,4% en 2031.

«A modo de comparativa, si nos vamos al periodo 2014-2018, la evolución comparada de este mismo gasto, de esta misma variable, en promedio fue del 2,5%, frente a este 3,4%», ha explicado el responsable económico español, tras señalar que esto supone que España puede gastar 6.000 millones de euros más al año respecto al periodo en el que gobernó el PP.

Cuerpo ha insistido en que no habrá recortes, dado que esta capacidad de gasto que tendrá España estará acompasada con un fuerte crecimiento económico y, por tanto, de los ingresos públicos.

En cualquier caso, el ministro ha asegurado que España tiene margen con respecto al promedio europeo de presión fiscal, lo que da «recorrido para poder realizar medidas o reformas en materia de ingresos sin por ello dañar el crecimiento».

En este sentido, el ministro ha apuntado que se está debatiendo con la Comisión Europea las medidas ligadas a la reforma fiscal comprometida en el quinto pago de los fondos ‘Next Generation EU’, que van desde la permanencia de los tributos a las eléctricas y al sistema financiero, y otras que no ha especificado.

La trayectoria debe garantizar que, al final del período de ajuste, la deuda pública se halle en una senda descendente plausible, o se mantenga en niveles prudentes por debajo del 60% del PIB a medio plazo, y que los déficits no superen el umbral del 3% del PIB y también mantengan ese comportamiento a medio plazo.

Según el Gobierno español, el cumplimiento con la regla de gasto planteada en su plan de ajuste garantiza la continuidad de la estrategia de responsabilidad fiscal. Las perspectivas del Gobierno sitúan el déficit público en una senda descendente, pasando del 3% del PIB en 2024, al 2,5% en 2025 y al 2,1% en 2026. De acuerdo con las proyecciones más a largo plazo, el déficit se situará en el 0,8% del PIB en 2031.

En cuanto a la deuda, el Gobierno prevé que la ratio sobre el PIB baje del 102,5% en 2024, al 98,4% en 2027, al 90,6% en 2031 y al 76,8% en 2041. Aunque sí se recoge una senda descendente a lo largo de los próximos años, no se especifica en las proyecciones del Ejecutivo cuándo logrará España reducir su deuda por debajo de los niveles «prudentes» del 60% planteado por Bruselas.

Como paso previo a esta presentación del plan de ajuste, España ha mantenido a lo largo de estos últimos meses un diálogo técnico con la Comisión Europea sobre la senda de gasto neto plurianual. Como punto de partida, Bruselas comunicó ya una trayectoria de referencia para aquellos países con una deuda pública superior al 60% del PIB, como España, o un déficit público que sobrepase el 3% del PIB.

Una vez recibidos los borradores de los planes de ajuste fiscal, el Ejecutivo comunitario los examinará y publicará su evaluación en un plazo de seis semanas a partir de la recepción y con el 30 de noviembre como fecha límite.

Paralelamente al plan fiscal, que se presenta cada cuatro años, el Gobierno español tendrá que remitir su plan presupuestario anual, pero el proyecto va retrasado.

En todo caso, la Comisión Europea ha advertido a España de que existen «límites» a la flexibilidad en los plazos que tienen los gobiernos para presentar su borrador presupuestario para 2025, que debe complementar a los planes fiscales estructurales a medio plazo para cumplir con las nuevas reglas fiscales reactivadas tras cuatro años de pandemia. (15 de octubre)

La responsabilidad editorial de esta publicación es de Europa Press.