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Madrid –  La Fiscalía se ha pronunciado a favor de que el Tribunal Supremo (TS) solicite al Parlamento Europeo que suspenda la inmunidad a Luis ‘Alvise’ Pérez para poder investigar al eurodiputado por la presunta financiación ilegal de su partido político, Se Acabó La Fiesta (SALF), en la campaña para las elecciones europeas del 9 de junio 2024.

Así se pronuncia el Ministerio Público después de que el instructor del caso, el magistrado Julián Sánchez Melgar, pidiera opinión a las partes sobre la conveniencia de cursar el correspondiente suplicatorio para poder dirigir el procedimiento penal contra ‘Alvise‘.

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal aduce que «la concesión del presente suplicatorio no supone merma alguna de la protección dispensada al eurodiputado (…) en el desempeño de su función parlamentaria, no altera o perturba el funcionamiento de la institución a la que pertenece y es respetuosa de las garantías necesarias para que aquella función se desarrolle en libertad al margen de cualquier interferencia».

Además, entiende que «las diligencias practicadas hasta el momento han confirmado sobradamente las iniciales sospechas que motivaron la apertura de las presentes diligencias penales, aumentando su potencia incriminatoria hasta elevarlas a la categoría de inicios racionales de criminalidad».

Sobre esto, recuerda que los hechos investigados «consisten en que el ahora eurodiputado se habría puesto en contacto con (el empresario) Álvaro Romillo con el fin de que le ayudara en la creación de unas ‘wallets’ en las que poder recibir donaciones anónimas efectuadas por terceras personas al margen de todo control financiero de las autoridades».

El fiscal relata que Romillo «no sólo le habría creado tres ‘wallets’ a los efectos referidos, sino que también le habría proporcionado la suma de 100.000 euros en efectivo con el mismo objeto de financiar su campaña electoral a las elecciones al Parlamento Europeo del año 2024, a las que Pérez se presentaba como líder de la agrupación electoral SALF, ocultando a las autoridades encargadas de supervisar los gastos electorales la existencia de tal donación».

Fue el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, José Luis Calama, quien pidió al Supremo que investigara estos hechos después de que Romillo, alias ‘CryptoSapain’, los revelara en el marco de las pesquisas que se siguen en la Audiencia Nacional por una presunta estafa piramidal a través de la plataforma de inversión Madeira Invest Club (MIC), encabezada por el empresario, que está investigado tanto en la AN como en el TS.

En base a la exposición razonada enviada por Calama, el TS acordó abrir causa y, a la espera de tramitar dicho suplicatorio, citó a ‘Alvise’ y a Romillo a declarar, el primero de forma voluntaria por carecer, precisamente, del permiso de la Eurocámara. Ambos acudieron y, si bien el eurodiputado negó que usara los 100.000 euros para gastos de campaña, el empresario ratificó que se los dio con ese fin.

En la misma línea que Romillo, un reciente informe de la Policía Nacional concluye que ‘Alvise‘ recibió los 100.000 euros para «financiar parte de la campaña electoral», advirtiendo al mismo tiempo de un «evidente» ánimo del eurodiputado de buscar «fondos opacos».

Cabe recordar que el Supremo tiene tres causas abiertas contra ‘Alvise‘: la referida a la presunta financiación ilegal; una por la difusión de una PCR falsa del ex ministro de Sanidad y actual presidente catalán, Salvador Illa; y otra por el supuesto acoso en redes sociales a la fiscal coordinadora de delitos de odio, Susana Gisbert. (24 de septiembre)

La responsabilidad editorial de esta publicación es de Europa Press.