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Bruselas (ANSA) – Nueva desaceleración en el Green deal. Más flexibilidad, menos burocracia y plazos más largos: en la víspera de la cumbre de la UE en la que las políticas verdes y la competitividad estarán en el centro del debate de los líderes, la Comisión Europea ha presentado una revisión «dirigida» del reglamento sobre la deforestación importada, aliviando aún más las obligaciones de informes para pequeñas y microempresas.
Y posponiendo nuevamente los plazos para la implementación de las nuevas reglas sobre las importaciones de soja, café y cacao, materias primas relacionadas con la destrucción de los bosques. En las mismas horas, desde el Parlamento Europeo en Estrasburgo llegó una señal adicional de desaceleración: el eje entre el PPE, los Conservadores y la extrema derecha se ha vuelto a unir hundiendo otra pieza dedicada a las áreas boscosas con el rechazo de la propuesta – presentada en 2023 y apoyada en cambio por Socialistas y Liberales – de crear un marco común de monitoreo.
La ley sobre la deforestación ya había sido pospuesta un año en nombre de la simplificación y debería entrar en vigor a finales de 2025 para las grandes empresas y en junio de 2026 para las pymes. Bruselas había anticipado en las semanas anteriores que quería proponer un aplazamiento de un año adicional del reglamento. Pero la nueva restricción se limita a posponer al 30 de diciembre de 2026 la aplicación de las normas solo para las pequeñas y microempresas y conceder un período de transición de seis meses sin sanciones para las medianas y grandes.
Si los plazos se mantienen bajo control, el verdadero cambio de rumbo se refiere a las obligaciones de informes. La Comisión propone de hecho un alivio para pequeños y micro operadores, incluidos los agricultores y los operadores de la cadena de suministro que solo se ocupan de transformar o revender los productos en el mercado europeo. Para ellos ya no será necesario presentar las declaraciones de conformidad, sino que bastará con un registro simplificado en la plataforma informática prevista por el reglamento.
La obligación de debida diligencia completa seguirá recayendo en los operadores de la cadena de suministro, es decir, en quienes introducen por primera vez los productos en el mercado de la UE. Y Bruselas recuerda que para ser considerada «pequeña», una empresa debe tener menos de 50 empleados y una facturación no superior a 18 millones de euros (21 de octubre).