Have the article read by OpenAI (Beta). Please note that AI translations may take some time to process.Bruselas – La proposición de ley registrada por el PSOE para limitar el ejercicio de la acusación popular estará presente en el diálogo previsto para la primera semana de abril entre la Comisión Europea y el Gobierno español, durante el cual se preparará el informe anual del Estado de derecho en los países de la Unión Europea antes de su publicación este verano.
Así lo explicó este martes el jefe de unidad para asuntos de Estado de derecho de la Comisión Europea, Florian Geyer, después de que dos ciudadanos españoles presentaran ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo dos quejas sobre esta proposición de ley, que consideran una respuesta a las investigaciones judiciales en curso que afectan a la mujer y el hermano del presidente del Gobierno español.
El alto funcionario señaló que los gobiernos europeos y las instituciones europeas tienen una «responsabilidad compartida» de respetar los valores del Estado de derecho, entre ellos la independencia judicial, aunque no entró en valorar la propuesta concreta del grupo socialista.
En ese sentido, remitió a las habituales visitas que la Comisión Europea realiza a todos los países de la UE para preparar su informe sobre el Estado de derecho, que en el caso de España tendrá lugar entre los próximos 31 de marzo y 2 de abril.
La visita, que «contribuirá» al informe que la Comisión presentará en julio, incluirá reuniones con el Gobierno, pero también con asociaciones y autoridades judiciales, fuerzas de seguridad, periodistas y organizaciones de la sociedad civil, una práctica normal en todos los Estados miembros para preparar dicho informe.
Los españoles que trasladaron las quejas sobre la proposición de ley a la comisión de Peticiones, los profesores de Derecho Javier Hernando Masdeu y David Delgado Ramos, advirtieron sobre el contexto político en el que se ha producido la iniciativa, con varios procedimientos judiciales impulsados por acusaciones populares sin el apoyo de la Fiscalía, entre ellos los que afectan a la mujer y hermano de Sánchez.
La propuesta incluye además que la ley tenga carácter retroactivo y pueda aplicarse a investigaciones que ya se encuentren en curso, lo que, además de a los citados, afectaría a decenas de casos en los que hay partidos personados, en especial el PP, el PSOE y Vox, entre ellos el caso Koldo.
La propuesta, denunció Delgado Ramos, «responde al temor del presidente del Gobierno de que resulten encausados sus familiares directos», llega en un momento de «enorme debilidad política» del PSOE y «carece de justificación desde el punto de vista jurídico».
En el debate posterior de los eurodiputados, en el que sólo intervinieron representantes del PP, PSOE y Vox, la popular Alma Ezcurra y el portavoz de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé, criticaron duramente la propuesta, mientras que el socialista Juan Fernando López Aguilar subrayó que se trata de una iniciativa legislativa que ni siquiera está aún tramitándose.
«No hay ni sombra de riesgo para el Estado de Derecho en una iniciativa legislativa presentada en el Congreso que ni siquiera ha iniciado su tramitación», señaló López Aguilar, que dijo que España es el único país de la UE en el que existe esta figura legal y que la Constitución permite al legislador determinar cómo se puede ejercer.
Por contra, Ezcurra (PP) defendió que la acusación popular «permite que ciudadanos impulsen la justicia cuando por alguna razón las instituciones están despistadas» y criticó que el PSOE haya registrado una ley para limitarla «al tiempo que premia la lealtad del fiscal político, multiplicando el número de fiscalías de sala, colocando afines y pasando el rodillo por el Consejo fiscal».
«No le basta con tener amenazada a la oposición, silenciar a la acusación pública y tener a los jueces maniatados, quiere ir un pasito más allá. Ahora quiere ir a por la prensa libre, así que continúa utilizando la televisión pública como máquina de propaganda, amenazando a empresarios con cambios en el accionariado de medios de comunicación privados que no le siguen el agua al gobierno», criticó.
Buxadé, por su parte, respondió a López Aguilar que «olé España» por tener una figura como la acusación popular, que defendió como la «manifestación de una democracia directa para que no quede todo en manos de las burocracias y de los políticos».
«La acusación popular está precisamente para responder ante un hecho indiscutible: que el poder político en manos de la casta controla a la Fiscalía. Para eso está la acusación popular, (para) cuando la Fiscalía no actúa debiendo actuar», añadió Buxadé. (18 de marzo)
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