Have the article read by OpenAI (Beta). Please note that AI translations may take some time to process.Estrasburgo – La sexta edición del informe anual sobre el Estado de Derecho, que pasa revista a la situación en cada país de la Unión Europea, critica que España no haya empezado a trabajar en una estrategia nacional anticorrupción y toma nota de que el Tribunal Constitucional haya avalado la ley de amnistía.
El informe señala avances en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y llama a seguir trabajando en el estatuto del fiscal general.
En general, el informe de este año confirma una «trayectoria positiva» en muchos Estados miembros, ya que se han impulsado importantes reformas en las cuatro áreas clave que abarca: justicia, lucha contra la corrupción, libertad de prensa y controles y contrapesos institucionales, destacó la Comisión Europea.
Bruselas destacó que los Estados miembros han cumplido total o parcialmente una parte sustancial de las recomendaciones de 2024.
Estas son las claves del capítulo sobre España:
Marco anticorrupción
El informe cita un Eurobarómetro de este mes según el cual el 40 % de las empresas españolas encuestadas (25 % de las europeas) consideran que la corrupción «les ha impedido ganar una licitación pública o un contrato público en los últimos tres años», casi el doble del 21% que lo afirmaron el año pasado.
Las principales quejas, dice el informe, son «las supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos», seguidas de «supuestas prácticas corruptas y reclamaciones relacionadas con la ejecución del contrato».
Bruselas critica en particular que España no haya empezado a trabajar en una estrategia nacional anticorrupción originalmente prevista para 2024, aunque reconoce que el país ha hecho algunos avances en la lucha contra la corrupción de alto nivel al reducir la duración de estas investigaciones.
Por otra parte, indica que «la contratación pública, la financiación de partidos políticos, los proyectos de infraestructuras y los contratos de servicios públicos son sectores clave de alto riesgo de corrupción».
El informe llama a «intensificar los esfuerzos para abordar los retos relacionados con la duración de las investigaciones y los procesos judiciales, para aumentar la eficiencia en la gestión de los casos de corrupción de alto nivel, incluyendo la finalización de la reforma del Código de Procedimiento Penal».
Otra recomendación a España es «impulsar el proceso legislativo para reforzar las normas sobre conflictos de intereses y declaraciones patrimoniales de personas con altas funciones ejecutivas, incluyendo un mayor fortalecimiento de la independencia y la potestad sancionadora de la Oficina de Conflictos de Intereses».
Ley de amnistía
La Comisión Europea constata que el Tribunal Constitucional ha avalado la ley de amnistía y recuerda, al mismo tiempo, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tiene que pronunciarse sobre la norma tras unas vistas que se celebrarán el próximo martes en Luxemburgo.
«El Tribunal Constitucional ha declarado que la ley de amnistía es compatible con la Constitución y se han sometido cuatro cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea», destacó el Ejecutivo comunitario en el informe anual sobre Estado de Derecho en la Unión Europea.
Bruselas recordó que en el marco de esos procesos ante la justicia europea ha analizado la norma en base al derecho comunitario, en un informe en el que señaló que la ley «parece constituir una autoamnistía», si bien aseguró que «no parece existir un vínculo de conexión suficiente» entre el procés y los intereses financieros de la UE.
En el documento sobre la situación del Estado de Derecho en España, de 27 páginas, Bruselas dedicó un párrafo a la ley de amnistía, en el que destacó que la norma «ha sido objeto de gran controversia», tal como apuntó también la Comisión de Venecia, y que se ha aplicado ya a más de 300 personas.
Sistema judicial
El informe recoge datos de un reciente Eurobarómetro que explica que el nivel de independencia judicial que se percibe en España sigue siendo «bajo» entre la población general y que ha aumentado a «medio» entre las empresas.
El informe pone de relieve que ha habido avances en las recomendaciones hechas a España en el pasado sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el fiscal general, y anima a continuar con esos esfuerzos.
Por un lado, sobre la figura del fiscal general recomienda a España seguir trabajando para reforzar esa figura «en particular en lo que respecta a la separación de su mandato del relativo al Gobierno, teniendo en cuenta las normas europeas sobre independencia y autonomía de la Fiscalía».
Se hace eco además de la situación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que «se encuentra en proceso judicial» dado que un juez de instrucción del Tribunal Supremo «solicitó su procesamiento» después de ser acusado de «presunta filtración de información confidencial relacionada con un caso de fraude fiscal».
El informe cita también las protestas de jueces y fiscales que «reflejan las tensiones en torno a las reformas propuestas en el poder judicial», según el Ejecutivo comunitario. (8 de julio)
La responsabilidad editorial de esta publicación es de EFE.