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Bruselas – Europa debería proteger ciertos sectores estratégicos, como por ejemplo la siderurgia, pero al mismo tiempo debería seguir abierta a las inversiones con alto valor añadido procedentes de otros países. Tras la reunión con sus colegas de otros países de la unión, así lo declaró hoy en Bruselas el saliente ministro checo de Industria Lukáš Vlček. Chequia es uno de los países más contundentes que se oponen a las propuestas de que la UE compre productos solo «made in Europe». Esta postura la defiende sobre todo Francia.
La Comisión Europea planeaba originalmente publicar aún este mes una iniciativa que busca dar prioridad a los productos fabricados en Europa. Sin embargo, se encontró con la resistencia de los Estados miembros, especialmente de Chequia, a la que en este asunto apoyaron otros ocho países.
La Comisión incluso, sobre la base de esta actividad, decidió aplazar la controvertida propuesta hasta el 28 de enero, informó el diario Financial Times. Según el periódico, el aplazamiento es un duro golpe para el comisario francés Stéphana Séjourného, en cuyo ámbito entra la propuesta. Precisamente París lleva ya muchas décadas intentando proteger la producción nacional frente a las importaciones baratas de Asia, especialmente en el ámbito de las tecnologías limpias y de algunos sectores de la industria pesada. Alemania estuvo mucho tiempo del lado de Francia, pero recientemente ha suavizado su postura en un intento de frenar el declive de su industria automovilística y de otros sectores.
El llamado non-paper checo, es decir, un documento oficioso destinado a ser debatido, fue firmado por Estonia, Finlandia, Irlanda, Letonia, Malta, Portugal, Suecia y Eslovaquia. Sin embargo, según la información de ČTK, también Alemania, Polonia y Hungría insinuaron su apoyo.
Según fuentes del FT, la iniciativa preparada podría costar a las empresas de la UE más de 10.000 millones de euros al año debido a que se verán obligadas a comprar componentes europeos más caros. Por ello, la Comisión Europea intenta ahora suavizar la propuesta. Teme el impacto en la competitividad de la unión y el uso excesivo de fondos públicos para la compra de productos fabricados en la Unión Europea, como autobuses eléctricos y paneles solares, añadió el diario. (8 de diciembre)