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La ‘Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña’, que ha sido aprobada por el Congreso pese al veto del Senado, nació de los pactos que el PSOE selló con los partidos independentistas ERC y Junts a cambio del apoyo de su apoyo a la investidura de Sánchez.
Su objetivo es amnistiar a todos los implicados en movilizaciones soberanistas e independentistas desde el 1 de noviembre de 2011 hasta el 13 de noviembre de 2023. Comprende tanto a los condenados por la consulta del 9 de noviembre de 2014 como a los del referéndum independentista de 2017, así como el archivo de las investigaciones abiertas por los disturbios posteriores contra la sentencia del Tribunal Supremo.
Tras la aprobación de la ley, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha afirmado en su cuenta de la red social X que «en política, como en la vida, el perdón es más poderoso que el rencor». «Hoy España es más próspera y está más unida que en 2017. La convivencia se abre camino», ha indicado.
Por el contrario, casi todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP han afirmado que presentarán recursos ante el Tribunal Constitucional contra la ley, un paso que los gobiernos de Madrid y Andalucía quieren dar de forma inmediata.
Con su examen, Bruselas quiere analizar si el texto es compatible con la legislación comunitaria, en especial en lo que a las reglas sobre terrorismo, corrupción y protección de intereses financieros de la Unión Europea se refiere.
«No tenemos un plazo específico para finalizar nuestra evaluación», ha indicado una portavoz comunitaria en rueda de prensa en Bruselas al ser preguntada por los tiempos para conocer las conclusiones del Ejecutivo comunitario por un texto que conoce desde que fue registrada en noviembre del pasado y año y que no ha sufrido modificaciones desde el pasado marzo.
Según ha señalado, los servicios comunitarios han estado «en contacto estrecho» con las autoridades españolas durante todo el proceso y han seguido «con mucha atención» su desarrollo.
«Ahora que la Ley acaba de ser adoptada, justo ahora, la Comisión podrá analizarla», ha dicho la portavoz comunitaria Anitta Hipper, quien ha apuntado que Bruselas seguirá atenta a la situación, «también en el contexto de la preparación del informe sobre Estado de derecho» que cada año evalúa la salud democrática de los Estados miembro y cuya publicación se prevé para el 3 de julio.
De este modo, el Ejecutivo comunitario se mantiene prudente sobre el proceso de análisis que llevarán a cabo sus servicios legales, pero que deberá después pasar por el Colegio de Comisarios, ya sea por procedimiento escrito o abordado de manera oral en una de sus reuniones semanales.
Bruselas no aclara si el resultado del examen se dará a conocer antes de las próximas elecciones al Parlamento Europeo, que se celebran del 6 al 9 de junio, pero fuentes comunitarias consultadas por Europa Press, consideran que «no sería prudente» que la opinión del Ejecutivo comunitario sobre un asunto «sensible» se dé a conocer en campaña electoral. (30 de mayo)
La responsabilidad editorial de esta publicación es de Europa Press.