Have the article read by OpenAI (Beta). Please note that AI translations may take some time to process.El Gobierno de España (PSOE) y el principal partido de la oposición (PP) han alcanzado un acuerdo este martes para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato lleva más de cinco años caducado. El acuerdo incluye un reparto “equilibrado” de los 20 vocales del Consejo, con 10 para cada partido, y establece una “mayoría reforzada” de tres quintos para la toma de decisiones y nombramientos.
La firma del acuerdo tuvo lugar en Bruselas, tras seis meses de negociaciones con la Comisión Europea como mediadora a petición del PP. Estuvieron presentes el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, junto a la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová.
En concreto, ambos han acordado proceder a la inmediata renovación del CGPJ, así como presentar una proposición de ley orgánica que «reforzará la independencia del Poder Judicial, tal como «recomienda la Comisión Europea en su Informe sobre el Estado de Derecho relativo a España de 2022 y 2023». También han pactado nombrar a un nuevo magistrado del Tribunal Constitucional.
Ambas cuestiones serán refrendadas en la misma sesión plenaria del Congreso de los Diputados en el mes de julio. Además, ese texto tendrá que incluir, de manera expresa, un nuevo modelo de «participación directa» y de votación para que los jueces puedan elegir a sus representantes en el CGPJ, ha señalado el Partido Popular.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado este martes su «satisfacción» por el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial, advirtiendo de que hay un «paso histórico» en la posición del Partido Socialista. Tras justificar este pacto por «lealtad» al Estado, ha subrayado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, «no ha cedido» por convicción sino por «obligación», dado que, a su juicio, las «amenazas» que ha proferido contra la Justicia solo «conducían al abismo».
El acuerdo establece que, por primera vez, los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial –y no el Gobierno- elegirán al presidente del Tribunal Supremo con un mínimo de 12 votos y sin candidatos sugeridos por partidos políticos. Asimismo, el acuerdo «implica también la prohibición expresa de que un ministro pueda ser fiscal general del Estado».
Cinco años y medio han hecho falta para consensuar 20 nombres, entre medias se han suscitado una serie de desencuentros. El actual CGPJ se conformó el 4 de diciembre 2013 y completó su mandato cinco años después. Desde entonces estaba pendiente que socialistas y ‘populares’ pactaran la composición del siguiente Consejo.
El CGPJ saliente, a pesar de llevar en funciones desde el 4 de diciembre de 2018 y que desde entonces ha perdido cinco vocales –dos por jubilación, dos por dimisión y una por defunción–, ha podido seguir trabajando, excepto en lo que respecta a efectuar nombramientos discrecionales en la cúpula judicial porque la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) impulsada por el Gobierno y aprobada en marzo de 2021 prohíbe que un Consejo caducado haga estas designaciones.
La modificación legal –ideada por Moncloa como medida de presión sobre el PP para que pactara la renovación del CGPJ– ha provocado que las vacantes surgidas en los altos tribunales durante estos tres años se hayan quedado sin cubrir.
El nuevo Consejo General del Poder Judicial tendrá entre sus tareas más urgentes la de cubrir las 25 vacantes de magistrados que acumula el Tribunal Supremo (TS) –lo que se traduce en el 30% de su plantilla– y las 38 de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) ante la imposibilidad que arrastra desde 2021 el órgano de gobierno de los jueces de hacer nombramientos con el mandato caducado.
La ley encomienda al CGPJ diversas funciones, desde la gestión de la administración de justicia a la salvaguardia de la independencia judicial, pasando por el gobierno de los recursos humanos, un cometido donde destaca su poder para realizar nombramientos, algunos reglados y otros discrecionales, con el objetivo de ir llenando los huecos dejados en los distintos juzgados y tribunales por jueces y magistrados.
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