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Liubliana/Bruselas – El parlamento esloveno ha aprobado una ley de medidas urgentes para garantizar la seguridad pública tras el asesinato de un hombre en el sureste del país, sospechoso de ser un miembro de la comunidad gitana. La Comisión Europea ha instado a Eslovenia a asegurar que la implementación de la ley no afecte desproporcionadamente a ninguna de las comunidades en el país. En la Fundación Gitana para Europa, han sido críticos con la ley.
La Asamblea Nacional de Eslovenia ha aprobado la propuesta de ley que el gobierno presentó tras el ataque de octubre en Novo Mesto, en el sureste del país, en el que perdió la vida el hombre de 48 años, Aleš Šutar. Un miembro de la comunidad gitana es sospechoso del ataque. La ley, nombrada en honor al hombre fallecido, introduce medidas más estrictas en los ámbitos penal, judicial, social y de otra legislación.
«Instamos a Eslovenia a garantizar que la implementación de la llamada ley Šutar no afecte desproporcionadamente a ninguna de las comunidades. Asimismo, no debe crear vulnerabilidad para las comunidades que ya están expuestas a riesgos. Por supuesto, es importante abordar la seguridad y mantener el orden público, pero las medidas deben estar completamente en línea con el derecho de la UE y los derechos fundamentales», dijo en respuesta a la aprobación de la propuesta de ley la portavoz de la Comisión Europea Eva Hrnčirova.
Agregó que examinarán la ley más a fondo una vez que la firme la presidenta eslovena Nataša Pirc Musar y se publique oficialmente.
La propuesta de la ley Šutar en la Asamblea Nacional de Eslovenia también ha sido respondida por la Fundación Gitana para Europa, donde consideran que la ley trata a toda la comunidad gitana como una amenaza a la seguridad.
También añadieron que hay muchas preguntas relacionadas con la protección de la privacidad, los datos y las comunicaciones, las salvaguardias judiciales y las limitaciones en el uso del ejército en el territorio de su propio país. A nivel de la UE, en su opinión, toca las garantías centrales en el marco de la Carta de la UE de los Derechos Fundamentales y la Convención Europea de Derechos Humanos. (18 de noviembre)