Have the article read by OpenAI (Beta). Please note that AI translations may take some time to process.Luxemburgo.- El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió este martes el reconocimiento mutuo «obligatorio» de las decisiones de retorno de migrantes en la Unión Europea, frente a otros Estados miembros como Países Bajos o Francia partidarios de que sea voluntario.
Los ministros de Interior de la UE hablarán del asunto, en el marco de un debate sobre una propuesta de Reglamento de Retorno que establece un sistema común para las devoluciones de los nacionales de terceros países en situación irregular en la UE.
El ministro explicó en declaraciones a EFE a su llegada a la reunión que ese Reglamento de Retorno «es un complemento al Pacto Migratorio» que los países están preparando y que «deberá estar implementado en toda la Unión Europea antes del próximo mes de junio de 2026».
Añadió que se aspira a conseguir «lo que (…) podríamos denominar un sistema común europeo de retorno, es decir una resolución judicial sobre el retorno en un país de la Unión Europea que tiene eficacia plena en otro país de la Unión Europea».
De esa manera, añadió, «otro país materializaría en su caso el retorno en aquellos que se haya resuelto por la autoridad incluso judicial, el no derecho a permanecer en Europa».
Uno de los elementos que se discute en la UE es si ese reconocimiento debe ser obligatorio o voluntario, con países como Francia y Países Bajos partidarios de lo segundo y España partidaria de su obligatoriedad.
«Nos gustaría que sea obligatoria (…) porque eso es la base realmente de lo que es el espacio de Justicia y Libertad», es decir, «que una resolución dictada por una autoridad de un país tenga el mismo valor en otro país».
El ministro subrayó que «compartimos valores, conformamos un ordenamiento jurídico común que luego implementamos. Eso necesariamente debería conducir a la obligatoriedad».
Según Grande-Marlaska, la voluntariedad «ya está establecida desde hace veinte años en la Directiva de Retorno».
España busca que «sea obligatorio en un tiempo prefijado en el propio Reglamento. Es decir, que no haya excepciones que (…) desvirtúen la necesidad de alcanzar la obligatoriedad en el reconocimiento de las resoluciones de retorno en un (…) término corto».
Opinó en ese contexto que podría haber «un plazo de adaptación», pero que en un corto periodo de tiempo desde la entrada en vigor de la nueva normativa las decisiones de un país deberían ser «obligatorias en cualquier otro país del la UE».
La propuesta de Reglamento incluye, entre otros elementos, procedimientos comunes para la emisión de decisiones de retorno, normas claras en relación con los retornos forzosos y obligaciones más estrictas para los retornados en lo que respecta a la cooperación con las autoridades nacionales. (14 octubre)
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