Have the article read by OpenAI (Beta). Please note that AI translations may take some time to process.Madrid – El Gobierno considera que la posición defendida por la Comisión Europea respecto al veto de España a la opa del grupo húngaro Ganz Mavag (Magyar Vagon) sobre Talgo respalda las tesis defendidas desde el Ejecutivo nacional de que puede suponer riegos para la seguridad nacional.
Según fuentes del Ejecutivo, la posición expresada por la Comisión Europea, «respalda» la actuación gubernamental, que el martes pasado vetó la opa húngara sobre el fabricante española Talgo al entender que se dan razones «insalvables» de seguridad nacional.
Bruselas ha dejado claro que «la prerrogativa de estas decisiones es de los Estados miembros», según la portavoz comunitaria Francesca Dalboni. No obstante, ha añadido que la legislación comunitaria permite a los Estados miembros «restringir» la libre circulación en la UE.
Recordó que la legislación europea permite a los Estados miembros «restringir» la libre circulación en la Unión sobre la base de motivos de seguridad pública, aunque las medidas adoptadas deben ser «justificadas y proporcionadas».
En la rueda de prensa de la Comisión, la portavoz ha aclarado que no es necesario que el gobierno español comunique a Bruselas su decisión.
El grupo húngaro Ganz Mavag (Magyar Vagon) recurrirá ante el Tribunal Supremo la decisión del Gobierno de vetar su opa sobre Talgo y pedirá ser indemnizado por los daños causados, mientras Criteria Caixa sigue dispuesta a participar en una operación para entrar en el fabricante de ferrocarriles, si hay un socio industrial.
El grupo húngaro indica que la decisión del Gobierno español «carece de la más mínima motivación y produce al oferente la más absoluta indefensión».
Asimismo, afirma que su opa por Talgo «cumple con todos los requisitos legales vigentes y no existen razones fundadas para la oposición del Gobierno de España».
Por eso, ha anunciado que va a iniciar «todas las acciones legales a su alcance, tanto a nivel nacional como en el seno de la Unión Europea».
El grupo húngaro dispone de un plazo legal de dos meses para interponer el recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo y, en ese tiempo, dice que va a analizar y determinar las actuaciones para defender sus intereses, incluyendo la petición de medidas cautelares.
Además, Ganz Mavag no descarta acudir a otras instancias y cita «los órganos competentes de la Unión Europea (UE)». (29 y 30 de agosto)
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