Have the article read by OpenAI (Beta). Please note that AI translations may take some time to process.Madrid – El Ministerio de Hacienda del Gobierno de España ha remitido este lunes la documentación necesaria para acogerse al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea a raíz de los daños ocasionados por la DANA el pasado 29 de octubre y que afectó principalmente a la provincia de Valencia.
La documentación enviada contempla el detalle de los gastos que cumplen los requisitos para ser financiados con el Fondo de Solidaridad, que actualmente ascienden a 4.404 millones de euros, según ha avanzado el Ministerio de Hacienda a través de un comunicado.
Se abre ahora un proceso en el que la Comisión Europea analizará la documentación remitida por España y establecerá el importe asignado. Esta cifra será obviamente inferior a los gastos comunicados por Hacienda, que superan ampliamente el presupuesto total destinado a la Reserva de Solidaridad y Ayudas de Emergencia, que alcanza los 1.500 millones.
Además, el departamento que dirige María Jesús Montero ha matizado que la cifra también podría sufrir variaciones a la baja en el caso de que algunos de los gastos elegibles reciban financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El reglamento establece que no se permite la doble financiación de las medidas y el Estado beneficiario debe garantizar que los costes cubiertos por el Fondo de Solidaridad no están ya cubiertos por otros instrumentos de financiación de la Unión.
El pasado 4 de noviembre, pocos días después de las inundaciones, la vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya comunicó a la entonces comisaria europea de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, que España tenía intención de acogerse al Fondo de Solidaridad.
De este modo, España ha apurado el plazo de 12 semanas desde la fecha de los primeros daños que da Bruselas para solicitar este apoyo y que concluye este martes, 21 de enero.
El reglamento del fondo establece que los Estados miembros podrán adherirse a él, considerando la catástrofe de naturaleza grave, cuando los daños derivados de la catástrofe superan el 0,6% de la Renta Nacional Bruta o 3.000 millones de euros (precios de 2011). La documentación remitida por el Ministerio de Hacienda refleja que España cumple esta condición.
Una vez remitida toda la información, se inicia un proceso en el que la Comisión Europea analizará y evaluará la documentación y finalmente asignará el importe de la ayuda que le corresponde a España. La subvención debe ser aprobada posteriormente por el Consejo y el Parlamento de la Unión Europea.
Una vez que los créditos están disponibles, la Comisión firma un acuerdo con el Estado beneficiario y proporciona la subvención. «Todo este proceso es relativamente largo y puede durar varios meses», ha advertido el Ministerio.
El importe asignado a España será necesariamente inferior a los gastos elegibles comunicados, que superan el presupuesto total destinado a la Reserva de Solidaridad y Ayudas de Emergencia, que alcanza los 1.500 millones.
Junto a la documentación, entregada en el plazo legal, el Gobierno de España ha incluido una carta de María Jesús Montero dirigida al vicepresidente ejecutivo de Cohesión y Reformas de la Comisión Europea, Raffaele Fitto.
En ella, Montero traslada que «el Gobierno del Reino de España, junto con la autoridades regionales y locales, ha movilizado todos los recursos posibles para paliar los daños y ayudar de forma directa a los ciudadanos afectados por la catástrofe, llevando a cabo el mayor despliegue de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas que se ha realizado jamás en España en tiempos de paz». (20 de enero)
La responsabilidad editorial de esta publicación es de Europa Press.