Bruselas – Los eurodiputados españoles de la comisión de Pesca del Parlamento Europeo reclamaron ayer a la Comisión Europea buscar soluciones como ayudas y otras medidas excepcionales para la flota afectada por el fallo del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que anula el acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos y que les impide faenar en un caladero tradicional para los pescadores españoles.
El TJUE optó por anular los acuerdos comerciales de agricultura y pesca entre la UE y el Reino de Marruecos por considerar que ambos se celebraron sin el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental. La decisión no fue bien acogida por los pescadores andaluces, que la consideraron un “varapalo”, sobre todo para aquellos que faenan en Cádiz.
«No me puedo creer que la Comisión no tenga las líneas de trabajo de un plan B al respecto», lamentó la presidenta de la comisión de Pesca de la Eurocámara, la parlamentaria del PP Carmen Crespo, quien consideró que ya debería haber una propuesta sobre la mesa.
Su compañero de partido, el eurodiputado español del PP Francisco Millán Mon lamentó la pérdida de un «caladero potencial», especialmente para la flota del golfo Cádiz, sobre la que ya recae la «espada de Damocles» del recorte de las capturas de anchoa, y «ahora su salida potencial desaparece».
«Creo que la sentencia no va a facilitar acuerdos futuros y no puedo ser optimista, pero me gustaría que la Comisión termine su análisis cuanto antes y que nos diga qué salidas puede haber», remarcó.
Por su lado, el socialdemócrata Nicolás González Casares animó a la Comisión a tratar de firmar un nuevo acuerdo cumpliendo con las condiciones que impone la sentencia para «garantizar que sus beneficios lleguen a todos los afectados». «A eso debe dedicarse la Comisión: a buscar soluciones porque la flota no puede permitirse que esta situación se prolongue ‘sine die'», subrayó.
También la eurodiputada del PNV Ohiane Agirregoitia pidió «celeridad» a la Comisión para esclarecer «qué pasos se van a seguir para cumplir una sentencia que reconoce al Frente Polisario como interlocutor válido», para lo que reclamó una «hoja de ruta clara con plazos y acciones que posibiliten renovar el acuerdo». (17 de octubre)