La Unión Europea llegó a las negociaciones climáticas de la COP30 con objetivos ambiciosos, pero el consenso sigue sin aparecer, y sus planes estrella sobre fijación de precios al carbono resultan particularmente impopulares.
Con el reloj avanzando hacia el final de la COP30, los países siguen divididos en asuntos clave y se perfila un resultado marcado por compromisos climáticos débiles o promesas financieras insuficientes. En particular, un impuesto al carbono —la política emblemática de la Unión Europea— está en el punto de mira.
La 30ª Conferencia de las Partes (COP30) de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que se celebra en la ciudad brasileña de Belém, tiene previsto concluir el viernes, pero las negociaciones climáticas anuales de la ONU suelen prolongarse más allá de la fecha prevista a medida que los negociadores intentan encontrar compromisos sobre cómo afrontar el cambio climático.
El anfitrión, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió de un “apocalipsis climático”, con algunos Estados desviando su atención del calentamiento global hacia la seguridad o incluso hacia la negación directa. Estados Unidos, por ejemplo, no envió una delegación.
“No habrá seguridad energética en un mundo en llamas”, advirtió Lula, afirmando que el conflicto en Ucrania “ha desbaratado años de esfuerzos para reducir las emisiones” de gases de efecto invernadero.
¿Qué quiere Bruselas?
La Unión Europea aspira a llenar el vacío y liderar la diplomacia climática, tras alcanzar un acuerdo laborioso sobre sus objetivos climáticos. Bruselas afirmó antes de la conferencia que su propósito es desempeñar un papel central a la hora de impulsar los esfuerzos climáticos en casa y en el mundo.
Sus prioridades clave incluyen reforzar los esfuerzos globales de mitigación y adaptación, impulsar la movilización de financiación climática y acelerar la transición energética hacia una economía climáticamente neutra, garantizando al mismo tiempo una transición justa lejos de los combustibles fósiles.
La posición de la UE en la COP30 es abogar por una acción climática global más sólida mediante la presentación de una nueva Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) ambiciosa —el compromiso de cada país para reducir sus emisiones y adaptarse a los impactos del cambio climático— con el fin de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero entre un 66,25 % y un 72,5 % para 2035..
Problemas con el impuesto al carbono
La UE también impulsa la fijación de precios al carbono como una política clave para alcanzar sus objetivos climáticos. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, animó a los países a lanzar sus propios mercados nacionales de carbono vinculantes.
“El precio del carbono se ha convertido en una herramienta central para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, con una sólida justificación empresarial para la economía y para las personas”.
Los créditos de carbono son permisos negociables que representan una reducción verificada de una tonelada de dióxido de carbono equivalente de la atmósfera. La UE ha establecido un Sistema de Comercio de Emisiones (EU ETS) y fija un límite máximo anual de CO₂ que puede emitirse.
Las empresas deben comprar o recibir derechos en función de sus emisiones de CO₂. Esto, por ejemplo, haría más barata la producción energética a partir de fuentes limpias.
Pero uno de los mayores puntos de fricción es el impuesto al carbono sobre las importaciones de la UE. “Fijar un precio al carbono es algo que debemos impulsar con el mayor número (de países) posible, lo más rápido posible”, dijo el comisario europeo de Acción Climática, Wopke Hoekstra, ante los asistentes.
China, India y otros países aliados quieren que la COP30 adopte una decisión contra las barreras comerciales unilaterales. Esto contrarrestaría el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) de la UE.
Probado desde 2023 y previsto para funcionar plenamente en 2026, el CBAM afecta a importaciones de bienes con alta intensidad de carbono, como acero, aluminio, cemento, fertilizantes, electricidad e hidrógeno.
Las industrias europeas deben descarbonizar su producción, lo que podría poner en riesgo su ventaja competitiva. El CBAM extiende el principio europeo de “quien contamina paga” fuera de las fronteras de la UE.
Temperaturas que suben también en casa
Antes de la COP30, subieron las tensiones dentro de la propia UE sobre los nuevos objetivos climáticos del bloque.
Los Estados miembros y el Parlamento acordaron reducir emisiones, pero con mucha más flexibilidad y mecanismos de respaldo que los propuestos inicialmente por la Comisión.
El Parlamento votó una enmienda a la Ley Climática de la UE que establece un objetivo para 2040 de reducción del 90 % (incluyendo hasta un 5 % de créditos internacionales de carbono) en emisiones netas de gases de efecto invernadero respecto a 1990.
Las reacciones al nuevo objetivo han sido variadas. Varios países de la UE, como Polonia y Francia, se resistieron al 90 %, citando cargas económicas, problemas para la industria y un entorno geopolítico tenso.
Aunque el acuerdo se considera en general una señal fuerte, varios compromisos han generado preocupación en ambientalistas. La propuesta original de la Comisión solo permitía hasta un 3 % de créditos internacionales. Además, la inclusión de los sectores de edificios y transporte por carretera en el sistema europeo de comercio de emisiones se retrasará un año, hasta 2028, en virtud del compromiso.
España ha defendido sistemáticamente una mayor ambición climática y considera que los objetivos de reducción de emisiones son compatibles con el crecimiento económico y la creación de empleo. Aunque cree que la UE llega a Brasil con los deberes hechos, habría preferido ir un paso más allá.
“No es un texto perfecto, pero es muy bueno”, dijo la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, sobre los objetivos europeos. España defendía el 90 % como “línea roja” y era partidaria de limitar al 3 % los créditos internacionales.
El gobierno sueco ha defendido firmemente el objetivo del 90 % para 2040 y una NDC sólida por parte de Europa. Al mismo tiempo, ha sido muy criticado por la oposición por no enviar a su ministro de Clima a la COP30. En su lugar asistió el rey Carlos Gustavo, lo que también generó enfado, ya que en su discurso en Belém expresó dudas sobre si todos firmarán un documento final y afirmó que “el resto del mundo es mucho peor” que Europa en materia de emisiones.
Mientras la unidad se exhibe en Belém, en Bruselas la UE corre el riesgo de volver a fracturarse por su propia agenda verde. La semana pasada, los eurodiputados votaron a favor de recortar drásticamente las leyes de divulgación de sostenibilidad y diligencia debida. Esto incluye eliminar la obligación de que las empresas elaboren planes de transición climática. El Partido Popular Europeo (PPE) de Von der Leyen se alió con partidos de extrema derecha para esta votación.
Grados de oposición
Otro tema divisivo fue el impulso de los Estados insulares —respaldados por naciones latinoamericanas y la UE— para que la conferencia responda a las últimas proyecciones que muestran que el mundo no logrará limitar el calentamiento a 1,5 °C. Pero grandes economías emergentes, desde China hasta Arabia Saudí, recelan de cualquier texto que implique que no están haciendo lo suficiente para frenar el cambio climático.
La cumbre del año pasado en Bakú (Azerbaiyán) terminó con un acuerdo para que los países desarrollados aporten 300.000 millones de dólares anuales en financiación climática a las naciones más pobres, cifra criticada como muy insuficiente. Los países en desarrollo, especialmente los africanos, quieren que la COP30 señale a las naciones ricas por no cumplir con la financiación necesaria para ayudar a adaptarse y reducir emisiones.
Alemania aportará este año 60 millones de euros, dijo el ministro de Medio Ambiente, Carsten Schneider. Según el gobierno de Berlín, Alemania ha sido el mayor donante del Fondo de Adaptación desde su creación en 2007.
Esfuerzos individuales
Más allá de las políticas conjuntas de la UE, algunos Estados miembros aportan apoyo específico, o se espera que lo hagan:
El canciller alemán, Friedrich Merz, prometió una “suma sustancial” para el mecanismo Tropical Forest Forever creado por Brasil. Bajo este fondo de selvas tropicales, los países que preservan los bosques reciben recompensas, mientras que quienes destruyen superficie forestal pagan sanciones. Las selvas tropicales desempeñan un papel crucial en la estabilización climática, incluso actuando como sumideros de carbono. Según Brasil, el fondo —con un objetivo de 125.000 millones de dólares— podría distribuir unos 4.000 millones al año tras un período inicial.
El gobierno portugués anunció la semana pasada 1,5 millones de euros para financiar un programa de transparencia sobre legislación climática desarrollado por países de habla portuguesa. La ministra de Medio Ambiente, Maria da Graça Carvalho, dijo que el objetivo es apoyar la acción climática y la legislación concreta, y garantizar que el dinero se destine a propuestas específicas con efectos reales en la mitigación climática. Todos los países lusófonos se encuentran en zonas sometidas a fuerte presión por fenómenos meteorológicos extremos, principalmente en Sudamérica y África.
El ministro de Medio Ambiente de Eslovenia, Bojan Kumer, afirmó que su país demuestra que los Estados pequeños pueden desempeñar un papel importante en los esfuerzos climáticos. Señaló el objetivo esloveno de neutralidad climática para 2045, fijado en la primera ley climática del país, aprobada en julio. Eslovenia aumenta gradualmente la financiación climática mediante proyectos bilaterales y contribuciones multilaterales a varios fondos, incluido el fondo para responder a pérdidas y daños, que financia iniciativas para ayudar a comunidades vulnerables a recuperarse de daños relacionados con el clima.
Este artículo es una historia clave de ENR. Su contenido se basa en información publicada por las agencias participantes en ENR.