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Bruselas recabará ahora información de empresas y Estados miembros, al tiempo que establecerá un diálogo con Pekín, y de concluir que existió este trato desfavorable podrá imponer como último recurso restricciones a las firmas chinas para participar en las ofertas públicas de este sector en la Unión Europea (UE).
Se trata de la primera investigación de la UE bajo su Instrumento de Contratación Pública, una legislación destinada a garantizar la reciprocidad en el acceso a los mercados, y sucede a las abiertas en los últimos meses sobre los subsidios a la industria china de vehículos eléctricos y la participación de empresas estatales chinas en licitaciones europeas de paneles solares, turbinas eólicas y trenes.
En un anuncio publicado en el diario oficial de la Unión Europea, la Comisión Europea explicó hoy que ha lanzado una investigación sobre «supuestas medidas y prácticas de la República Popular de China que han dificultado de forma grave y recurrente el acceso de los operadores económicos, bienes y servicios de la Unión al mercado de la contratación pública de productos sanitarios de China».
Entre estas restricciones, Bruselas cita que se favorece la adquisición de productos y servicios nacionales a través de leyes de fomento del comercio local o con la estrategia «Made in China 2025», que obliga a que la adquisición por parte de hospitales de productos sanitarios fabricados en el país alcance el 70 % para 2025.
Pekín también restringe la compra de bienes importados y fija condiciones para la contratación de productos sanitarios que «dan lugar a ofertas anormalmente bajas que no pueden ser sostenidas por las empresas con ánimo de lucro».
Estas medidas «suponen una desventaja significativa y sistémica» para los operadores de la UE, ya que favorecen la adquisición de productos nacionales en detrimento de los importados o someten la participación de empresas europeas en la contratación pública a «procedimientos discriminatorios», según el Ejecutivo comunitario.
La institución explicó después en un comunicado que ha abierto la investigación después de trasladar sus preocupaciones a China en varias ocasiones sin obtener una respuesta «satisfactoria» y explicó que el «primer objetivo» de la misma es precisamente establecer consultas entre las autoridades competentes para acabar con la discriminación.
Si el diálogo con China lleva a que elimine estas restricciones o se comprometa a tomar medidas para remediarlas en un plazo de seis meses, la Comisión podría cerrar la investigación sin penalizar a Pekín.
De lo contrario, podrá tomar medidas que consistirían en un ajuste de la puntuación que reciben las ofertas chinas en las licitaciones europeas, reduciendo sus posibilidades de ganar, o directamente la exclusión total de las empresas chinas en las licitaciones en cuestión.
Bruselas tiene nueve meses, ampliables a otros cinco, para cerrar la investigación. (24 de abril)
La responsabilidad editorial de esta publicación es de EFE.