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Bruxelles (ANSA) – Tras casi dos años de investigación marcados por presiones y contratiempos, la UE ha multado a X con 120 millones de euros por haber violado la ley de servicios digitales (Dsa). Son las primeras sanciones impuestas en virtud de la histórica normativa europea concebida para poner fin al Far West en línea que obliga a las plataformas tecnológicas a una mayor transparencia y responsabilidad sobre los contenidos ilegales y dañinos que inundan el espacio digital.
Más un pellizco que una bofetada al coloso de Elon Musk, destinado de todos modos a agudizar las tensiones con Washington. Y de hecho, el choque estalló incluso antes del anuncio oficial. El vicepresidente de Estados Unidos JD. Vance criticó a Bruselas, culpable de querer multar a X por «no haber impuesto la censura». Por la noche, el ataque del secretario de Estado Marco Rubio que calificó las sanciones a X como «un ataque a todas las plataformas tecnológicas estadounidenses y al pueblo estadounidense por parte de gobiernos extranjeros. Los tiempos de la censura en línea de los estadounidenses – advirtió – se han acabado».
«La multa a X se refiere a la transparencia, no tiene nada que ver con la censura» replicó la vicepresidenta de la Comisión Henna Virkkunen. También fue rechazada la acusación de querer golpear a las big tech estadounidenses: «nuestras reglas valen para todos aquellos que operan en Europa» recalcó Virkkunen, que prometió «nuevas decisiones en los próximos meses».
En cuanto al fondo, el palacio Berlaymont ha impuesto tres sanciones a la red social de Musk, una por cada infracción impugnada. La primera, de 45 millones de euros, está vinculada a la marca azul utilizada para las cuentas verificadas. Para Bruselas se trata de un engaño dado que cualquiera puede pagar para obtenerla sin que haya una verificación de la empresa sobre quién se esconde detrás de la cuenta. La segunda sanción, de 35 millones de euros, se refiere a la falta de transparencia del archivo publicitario, importante por ejemplo para detectar estafas y campañas de amenazas híbridas.
La Comisión ha impugnado por último la violación de la obligación de garantizar a los investigadores el acceso a los datos públicos de la plataforma, imponiendo una tercera sanción de 40 millones de euros. Sigue en curso, en cambio, la investigación sobre el aspecto políticamente más delicado del expediente, el de los contenidos ilegales y de la manipulación de la información (5 de diciembre).