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Brno – Según el Tribunal Supremo (NS), la regulación jurídica checa sobre la conservación masiva de datos de comunicaciones electrónicas vulnera desde hace tiempo y de manera especialmente grave el derecho de la Unión Europea. Sin embargo, la ley sigue en vigor, ya que el NS no tiene competencia para anular leyes. Un posible cambio depende de los políticos. El Ministerio de Industria y Comercio (MPO) se está familiarizando ahora con la sentencia y posteriormente determinará los pasos a seguir. Los operadores, por el momento, deben seguir rigiéndose por la norma actual, dijo a ČTK el presidente de la Asociación de Operadores de Redes Móviles Jiří Grund.
El litigio se refiere a la obligación de los operadores de conservar los datos a partir de los cuales se puede deducir quién se comunicó con quién y desde dónde. El contenido de los mensajes no se conserva de forma masiva. La sentencia está temporalmente disponible en el tablón oficial. Según la sentencia, el NS desestimó el recurso de casación del MPO, que, de acuerdo con la sentencia firme, debe disculparse ante el periodista Janu Cibulkovi por la vulneración de sus derechos a la protección de la intimidad y de los datos personales. Cibulka presentó una demanda contra el Estado checo con la ayuda de abogados de la asociación Iuridicum Remedium (IuRe) en 2021.
El párrafo controvertido establece concretamente que los operadores de redes de comunicación deben conservar los datos de tráfico y localización durante medio año. Según el tribunal, la regulación jurídica no cumple los requisitos de la legislación de la UE ni del Tribunal de Justicia de la UE. El NS también reiteró la conclusión anterior de que el Estado es responsable de los daños materiales e inmateriales causados por la incorrecta transposición de las directivas de la UE.
«Si ahora el tribunal dice que la ley actual vulnera el derecho de la UE, es una señal sobre todo para el ministerio y los legisladores de que deben modificar la regulación jurídica. Sin embargo, mientras no cambie, nosotros debemos regirnos por la ley actual», dijo Grund. Señaló que el año pasado el Ministerio del Interior quiso ampliar aún más la obligación de almacenar datos.
El Tribunal Constitucional se ha ocupado en repetidas ocasiones en el pasado de la conservación de datos de tráfico y localización. En dos ocasiones anuló la regulación. Sin embargo, la última vez, en 2019, los jueces constitucionales rechazaron la propuesta de anulación. No obstante, el NS señaló ahora que, entretanto, el Tribunal de Justicia de la UE dictó varias sentencias fundamentales que endurecieron la postura sobre la conservación masiva de datos. Por tanto, los jueces constitucionales evaluaron entonces una situación jurídica diferente y, además, se ocuparon principalmente de la conformidad con la constitución checa, mientras que el NS se centró en el contexto europeo.
Una nueva propuesta de anulación tendría que ser eventualmente presentada ante el Tribunal Constitucional por algún proponente legitimado, por ejemplo, un grupo de diputados o senadores. (8 de enero)