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El Gobierno español pactó en marzo ampliar hasta el 20 de mayo el plazo para que la Comisión Europea evalúe la solicitud de este tramo, valorado en 10.021 millones de euros y vinculado a cumplir 61 hitos y objetivos, entre ellos la reforma del subsidio por desempleo que el Ejecutivo no logró sacar adelante el pasado año.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha reiterado en varias ocasiones desde entonces que el Gobierno estaba trabajando en paralelo con la Comisión para asegurar la evaluación positiva del resto de objetivos y, al mismo tiempo, a nivel doméstico para aprobar la reforma y evitar así un pago parcial, de menor cuantía.
Una portavoz del Ejecutivo comunitario ha respondido a EFE que el análisis de la cuarta solicitud de pago «sigue en marcha» y añadió, precisamente, que eran necesario realizar una serie de «ajustes específicos» para que los servicios económicos europeos puedan ahora finalizar el examen.
En concreto, el plan revisado que ha aprobado Bruselas cambia los indicadores de 15 hitos y objetivos para que se pueda verificar su cumplimiento «sin modificar la ambición del plan». Esto afecta a cuatro compromisos del cuarto pago, todavía bajo análisis de las autoridades comunitarias.
Es el caso, de la adjudicación de proyectos de la red básica RTE-T, de las adjudicaciones presupuestarias parciales de ferrocarril y carretera de la misma red y de infraestructuras intermodales y logísticas y, por último, del apoyo al programa de transporte sostenible y digital.
Otras nueve medidas se han modificado porque «existen mejores alternativas para su implementación para lograr la ambición original» de las mismas, de las cuales tres están vinculadas también al cuarto desembolso.
Se trata del objetivo de desarrollar infraestructura para permitir que el 70 % de los órganos judiciales españoles lleven a cabo al menos un 30 % de los procedimientos de manera electrónica, enmarcado en los esfuerzos de digitalización de la administración pública, así como dos compromisos de inversión en programas para la digitalización de las pymes.
Por último, los cambios reconocen que hay «demanda insuficiente debido a los recientes acontecimientos en el mercado eléctrico» para cumplir el hito que establecía una adjudicación de al menos 8.500 megavatios (MW) de capacidad de producción adicional acumulada de energía renovable
Bruselas ya adoptó una revisión del plan de recuperación español en octubre de 2023 para tener en cuenta el aumento de la asignación en subvenciones para el país, así como la solicitud de préstamos y la inclusión de un nuevo capítulo sobre la estrategia RepowerEU para desengancharse de los combustibles fósiles rusos.
Esa adenda elevó el montante del Next Generation asignado a España hasta los 163.000 millones de euros -79.800 millones en subvenciones y 83.200 millones en préstamos- de los que hasta ahora se ha desembolsado al país un 23 % en tres pagos y un anticipo. (23 de abril)
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