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BRUXELAS – Portugal es uno de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) con buques que operan bajo bandera de países de alto riesgo en lo que se refiere a la pesca ilegal, según divulga hoy la organización no gubernamental (ONG) ambiental Oceana.
En un informe divulgado hoy, Oceana señala que, de un total de 105 embarcaciones detenidas por 16 Estados miembros y registradas en 20 jurisdicciones de alto riesgo, 73 son de España, seguidas de Portugal y Lituania (cinco cada uno).
En Portugal hay cuatro buques registrados en Panamá y uno en Sierra Leona.
Las 105 embarcaciones son propiedad de ciudadanos o empresas domiciliados en 16 Estados miembros de la UE y 33 de esas embarcaciones están autorizadas a exportar directamente sus capturas a la UE.
Por otro lado, de los 20 países de alto riesgo identificados en el estudio, 15 exportaron mariscos a la UE en 2024, representando 601.732 toneladas de importaciones de estos productos, con Rusia a la cabeza (casi 209 mil toneladas, 764 millones de euros), seguida por Ecuador (190,5 millones de toneladas, 905 millones de euros) y las Islas Feroe (109 millones de toneladas, 695 millones de euros), siendo que Portugal importa de los dos primeros.
Las embarcaciones con bandera de países como Panamá, Belice, Senegal y Ecuador están autorizadas a exportar sus capturas directamente a la UE, lo que indica “la posible implicación de propietarios de la UE que operan desde jurisdicciones con controles pesqueros débiles, protecciones laborales inadecuadas o regímenes fiscales permisivos, aumentando así el riesgo de que productos de la pesca ilegal entren en las cadenas de suministro de la UE”, destaca la ONG.
Para Oceana, la UE debe garantizar que sus propios ciudadanos no estén involucrados en actividades de pesca ilegal.
“Saber quién es el propietario y quién se beneficia de los buques pesqueros es fundamental para aplicar la política de tolerancia cero de la UE en relación con la pesca ilegal y para proteger a las comunidades costeras de todo el mundo, a los consumidores de la UE, así como al mercado europeo”, señaló, en un comunicado, la directora de la campaña contra la pesca ilegal y por la transparencia de Oceana en Europa Vanya Vulperhorst.
La organización ecologista quiere además que el ejecutivo comunitario refuerce los mecanismos de seguimiento y fiscalización e investigue “vínculos de propiedad entre ciudadanos de la UE y buques con bandera extranjera, dando prioridad a los que operan bajo banderas de conveniencia o asociados a riesgos de pesca ilegal”.
Una de las iniciativas para reducir la pesca ilegal es la trazabilidad de la actividad a lo largo de la cadena de suministro, producción y venta. (20/01/26)