Se trata de la primera vez que Bruselas amenaza directamente con sanciones financieras a una plataforma desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Servicios Digitales de la UE.
España, Italia, Grecia, Chipre y Malta reclamaron a la UE aumentar la cooperación con los países de origen y tránsito de migrantes para lo que apostaron por más fondos europeos e instrumentos de financiación ágiles.
Las entidades incluidas en la lista de castigados son un grupo supremacista judío radical de derechas y otro grupo juvenil radical formado por miembros conocidos por cometer actos violentos contra palestinos y sus aldeas en Cisjordania.
Bajo el título «Mucho más que un mercado: velocidad, seguridad, solidaridad», el texto de 147 páginas recoge varias recomendaciones centradas en encontrar el modo de movilizar más financiación, sobre todo privada, para costear la transición ecológica y digital europea y aumentar su inversión en defensa.
El FMI ha empeorado su previsión de crecimiento para la eurozona. En cambio ha mejorado la de España, algo que el Gobierno español ve como “un éxito” propio y de empresarios, sindicatos y trabajadores.